El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó una la solicitud de inscripción para competir en las elecciones 2024 y lograr un segundo mandato consecutivo, a pesar de señalamientos de que es inconstitucional.
El mandatario junto con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, su compañero de fórmula, llegaron a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en San Salvador, en una caravana de vehículos que entró en el estacionamiento del recinto minutos antes de que venciera el plazo otorgado para que los candidatos presentaran su documentación.
"El pueblo salvadoreño va a decidir si quiere seguir construyendo el nuevo El Salvador o si quieren regresar al pasado (...) vamos, con la ayuda de Dios, a enterrar a esa oposición, (pero) para eso necesitamos arrasar en todas las urnas", dijo el mandatario en una declaración.
Los magistrados del TSE deberán analizar la solicitud de Bukele y aceptarla o rechazarla. Si la aceptan, el mandatario será el primer jefe de Estado en ser un candidato a la Presidencia a la misma vez que es presidente.
De acuerdo con diversas interpretaciones de analistas afines al oficialismo, Bukele debe dejar la Presidencia el próximo 1 de diciembre, seis meses antes de acabar su período al frente del Ejecutivo, que concluye el 1 de junio de 2024.
Sin embargo, el articulo 156 de la Constitución establece que "los cargos de presidente y de vicepresidente, y los de designados solamente son renunciables por causa grave debidamente comprobada, que calificará la Asamblea Legislativa".
En septiembre de 2021, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitieron una resolución en la que se plasma un cambio de criterio sobre la reelección inmediata.
Los jueces, señalados por Estados Unidos de ser "leales" al Ejecutivo de Bukele y elegidos en un proceso irregular en la Asamblea Legislativa, apuntaron que la prohibición de la reelección inmediata es para un gobernante que haya estado en el poder por 10 años.
Hasta antes de este cambio, un mandatario debía terminar su período de 5 años y esperar 10 para buscar nuevamente la Presidencia.
Distintos abogados, incluso la Facultad de Jurisprudencia de la estatal Universidad de El Salvador (UES), han señalado que la reelección de Bukele supondría la violación de varios artículos de la Constitución, como el que señala que la persona que haya ejercido la Presidencia no podrá "continuar en sus funciones ni un día más".
EE.UU: "SE DEBE RESPETAR EL DEBIDO PROCESO LEGAL" EN EL SALVADOR
En paralelo, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, señaló en las últimas horas que el régimen de excepción, que es implementado en El Salvador para combatir a las pandillas, "no favorece los derechos individuales" e insistió en que "se debe respetar el debido proceso legal".
"No es un secreto que no vemos el régimen actual, el régimen de excepción, como algo que favorece los derechos individuales. Hay que respetar el debido proceso legal en cualquier democracia", comentó el alto funcionario durante una entrevista en un canal local.
Señaló que "como un país aliado hemos estado trabajando a favor de los salvadoreños, apoyando económicamente y con programas de asistencia a lo largo de muchas décadas, tenemos un interés en apoyar al pueblo salvadoreño en este momento y de perfeccionar sus sistemas y ver cómo se puede responder a los retos de la seguridad pública, pero también respetar el debido proceso legal".
"Tenemos que reconocer que también han habido muchas mejoras en el tema de seguridad pública, que la gente se siente en un ambiente, en un entorno mucho mejor en torno a su seguridad personal", pero subrayó "el régimen de excepción tiene fallas en respetar el debido legal proceso".
En septiembre pasado, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, dijo que el gobierno de El Salvador "tiene la responsabilidad de respetar el debido proceso de la ley" en referencia a la implementación en este país del régimen de excepción.
De acuerdo con cifras oficiales, son más de 72 mil detenciones realizadas bajo el régimen de excepción, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5 mil "víctimas directas" de atropellos a derechos humanos, principalmente por aprehensiones arbitrarias.
