Los individuos son acusados de haber desviado casi 12 millones de dólares de fondos públicos para financiar campañas electorales.
Todos serán imputados por abuso de autoridad, fraude y malversación de fondos, entre otros delitos.
La Justicia no detalló el número exacto de diputados que serán detenidos.
Una jueza hondureña ordenó este sábado la captura internacional contra 38 personas, entre ellos diputados, funcionarios y particulares, acusados de desviar más de 11,7 millones de dólares para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013, informó una fuente judicial.
Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por la magistrada Lidia Álvarez, ante quien los acusados deben comparecer el lunes en una audiencia de formalización, afirmó a periodistas el portavoz del Poder Judicial en Tegucigalpa, Melvin Duarte.
Duarte no precisó cuántos diputados están acusados en el llamado caso "Pandora", ni sus identidades, tampoco si han sido notificados de la citación o si están o no en el país, lo mismo que del resto de señalados.
Todos son acusados por presunto "abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras", según la denuncia presentada el 13 de junio por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic).
El portavoz judicial indicó que la magistrada citó también a audiencia al ex alcalde de la localidad hondureña de Yoro Arnaldo Urbina Soto y a los apoderados legales del ex ministro de Finanzas William Chong Wong, quien falleció el 17 de junio a causa de un cáncer que padecía desde hace varios meses.
Urbina Soto ocupó el cargo entre 2009 y 2014 y es acusado por Estados Unidos de haber operado una organización de narcotráfico.
Desvío de fondos públicos
El caso fue investigado por un equipo de expertos de la Ufecic y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras una denuncia de Pietro Di Battista, inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla hondureña de Roatán.
Di Battista denunció una presunta "utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas. Se acumuló a la misma, la auditoría especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas, practicada a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)", indicó el 13 de junio la Maccih en un comunicado.
El equipo de investigación halló "indicios suficientes (de) que fondos públicos destinados a fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas (...), habían sido destinados a financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional (en el poder) como el Partido Liberal, en el año 2013, y otros gastos personales por un monto de 282.016.165 lempiras (unos 11,7 millones de dólares), añadió.
Los recursos, según la investigación, provenían de los ministerios de Agricultura y Ganadería y de Finanzas, y para desviar los fondos se utilizaron las fundaciones "Todos Somos Honduras" y "Dibattista", precisó la Maccih.
Las dos fundaciones recibieron "los fondos para desarrollar dichos proyectos, los que finalmente habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores (concejales) del Partido Nacional, del Partido Frente Amplio (Faper) y directamente a las arcas del Partido Liberal".
De acuerdo con la investigación, los recursos se habrían utilizado para financiar una tarjeta de descuentos denominada "La Cachureca", que el gobernante Partido Nacional entregó a sus simpatizantes en las elecciones generales del 24 de noviembre de 2013.
Defensa: Se presentarán de manera voluntaria
Félix Ávila, abogado defensor de varios de los acusados, dijo a periodistas que hasta ahora se enteró de la órdenes de aprehensión que emitió la magistrada.
"Me he notificado por la prensa de esta supuesta resolución en torno a las órdenes de detención contra algunos de nuestros representados", subrayó, junto a lo que aseguró que sus clientes están "anuentes" a presentarse ante la Justicia de "manera voluntaria" desde el momento en que conocieron la acusación.
