Israel Arzate Meléndez fue detenido por agentes civiles y militares el 3 de febrero del 2010.
Una investigación determinó que hubo "violaciones a las normas internacionales sobre el derecho al debido proceso" del individuo.
Organizaciones de derechos humanos de México exigieron la liberación inmediata de Israel Arzate Meléndez, quien fue acusado hace dos años de estar implicado en una matanza y que, según una investigación, fue torturado para que confesara haber participado en ese hecho.
Arzate, un vendedor de discos, fue detenido por agentes civiles y militares el 3 de febrero del 2010, a la edad de 24 años, poco después de que quince jóvenes fueran asesinados el 31 de enero en el barrio Villas de Salvárcar, de la norteña Ciudad Juárez.
Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos y la madre del inculpado, Guadalupe Meléndez Villegasla, denunciaron en una conferencia de prensa la detención, tortura y retención de Arzate por parte de militares.
Según los activistas, la exigencia se presenta después de que un grupo de investigación, conformado hace tres meses por abogados mexicanos, de la ONU y de Amnistía Internacional (AI), concluyó que en el caso hubo "violaciones a las normas internacionales sobre el derecho al debido proceso y a un juicio justo" para Arzate Meléndez.
Este grupo, según la resolución que aprobó, considera que en este caso no había pruebas que inculparan a Arzate en delito alguno y denunció que se le mantenga "arbitrariamente" detenido a pesar de que venció el plazo de prisión preventiva.
"Lo único que quiero"
La madre de Israel confía en lograr la libertad de su hijo, que fue presentado públicamente cuatro días después de su arresto como el presunto vigilante que apoyó al grupo de asesinos que cometió la matanza.
"Que me regresen a mi hijo y que las autoridades atiendan el caso para evitar que pase lo mismo con otros jóvenes; es lo único que quiero", expresó la madre ante los periodistas.
Según Jaqueline Sáenz, del Centro Pro-Derechos Humanos, este caso "ejemplifica el patrón de violaciones a los derechos humanos" cometidas por militares y agentes judiciales y la existencia de un proceso que no garantiza una "defensa adecuada" al detenido.
La evidencia recogida en el caso Arzate fue documentada por la CNDH, un organismo con funciones de Oficina de Defensor del Pueblo en México, que comprobó que el joven fue víctima de "detención arbitraria" y que "fue obligado a confesar su posible participación" en la matanza de Villas de Salvárcar.
