El Ministerio de Gobernación sostuvo que las asociaciones de ambas universidades incumplieron con sus obligaciones.
Las instituciones no presentaron los desgloses detallados de sus ingresos, egresos, balanza, detalle de donaciones, origen de los fondos y beneficiario final.
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría sandinista, aprobó este miércoles un decreto de cancelación de las personalidades jurídicas de dos universidades privadas a petición del Ejecutivo, con lo que suman 16 los centros de estudios superiores ilegalizados desde diciembre de 2021.
Los dos nuevos centros ilegalizados son la Universidad Tecnológica Nicaragüense (UTN), que operaba en Managua, y la Universidad Santo Tomás de Oriente y Mediodía USTON-Granada, ambas inscritas como asociaciones, según el decreto presentado por el diputado oficialista Filiberto Rodríguez y aprobado con el voto de los sandinistas y sus aliados.
Según el decreto, el Ministerio de Gobernación, que es el encargado del control y registro de las ONG, sostuvo que las asociaciones de ambas universidades incumplieron con sus obligaciones, entre ellas la presentación de sus estados financieros conforme a los períodos fiscales.
Además, no presentaron los desgloses detallados de sus ingresos, egresos, balanza, detalle de donaciones, origen de los fondos y beneficiario final, entre otros.
La UTN estaba inscrita desde el 7 de agosto de 1998 y la Santo Tomás desde el 2 de junio de 2005.
El Parlamento ha ilegalizado hasta ahora 16 centros de estudios superiores por petición del Ejecutivo desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero.
El rector de una de las universidades canceladas, Adrián Meza, denunció desde el exilio que el Ministerio de Gobernación se ha negado a recibir los estados financieros de los centros de estudios superiores.
El Parlamento y el Ejecutivo han ilegalizado un conglomerado de 101 organizaciones no gubernamentales desde las protestas de 2018, que fueron lideradas por estudiantes, en su mayoría universitarios.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
