El gobierno de Estados Unidos mostró este miércoles su "rechazo categórico" a la amnistía general aprobada este pasado fin de semana en Nicaragua y pidió la liberación "sin condiciones" de todos los detenidos en las protestas antigubernamentales de 2018.
"Estados Unidos rechaza categóricamente la llamada 'amnistía general' que absolvería a involucrados en abusos y violaciones de derechos humanos", dijo en un comunicado el Departamento de Estado.
El gobierno de Daniel Ortega liberó este martes bajo la amnistía a 56 personas consideradas por la oposición como "presos políticos", entre ellos los máximos dirigentes de las protestas de 2018, que estaban en prisión "por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública".
Para Estados Unidos, sin embargo, "docenas siguen en prisión, y el Gobierno de Nicaragua ha impuesto condiciones para su liberación".
"Reiteramos nuestro llamado a una liberación incondicional de todos los detenidos de forma arbitraria en Nicaragua", añadió.
EE.UU. dijo que "pese a los recientes actos del Gobierno de Nicaragua y del Parlamento", seguirá "responsabilizando a los que cometieron ejecuciones extrajudiciales, abusos a los derechos humanos y represión".
"En lugar de una amnistía para violadores de derechos humanos, pedimos que se responsabilice por sus crímenes a las fuerzas (del orden) nicaragüenses", añadió EE.UU.
El Parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, aprobó el sábado pasado con carácter urgente esa ley que concede "amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha".
La oposición nicaragüense ha rechazado esa iniciativa ya que considera que no ofrece justicia a sus víctimas y porque opina buscaría exculpar a las fuerzas del orden y a grupos de civiles armados progubernamentales de sus actos.
En abril de 2018 estalló en Nicaragua una crisis sociopolítica que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó 325 muertos, cifra que algunos organismos locales elevan a 594, pero que según el Gobierno es de 199.
