La Asamblea Nacional determinó que actuó "en contra de sus principios" en las protestas antigubernamentales de 2018.
Desde la organización no han entregado comentarios por el momento.
La Asociación Cruz Roja Nicaragüense será administrada por el Gobierno que preside Daniel Ortega, tras 65 años de su creación en Nicaragua, y su patrimonio y bienes pasarán a manos del Estado, según una iniciativa aprobada este miércoles por la Asamblea Nacional.
La iniciativa fue aprobada con carácter urgente por los diputados sandinistas y sus aliados, que acusaron a la Cruz Roja Nicaragüense de haber actuado en contra de sus principios en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron hace cinco años, que dejaron cientos de muertos y en la que se exigió la renuncia del presidente del país, Daniel Ortega.
"En los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esa Asociación (Cruz Roja Nicaragüense) actuaron en contra de estos principios", de humanidad, imparcialidad y neutralidad, "y de su Acta Constitutiva y Estatutos", señalaron los diputados sandinistas en la exposición de motivos.
Y la misma Asociación Cruz Roja Nicaragüense "transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales", agregaron.
Por tanto, los legisladores oficialistas y sus aliados acordaron derogar el decreto legislativo del 29 de octubre de 1958 mediante el cual se creó la Cruz Roja Nicaragüense.
Asimismo, aprobaron la creación de una nueva "Cruz Roja Nicaragüense como ente autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, la que será sucesora legal sin solución de continuidad de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense", fundada en 1958.
"La Cruz Roja Nicaragüense es un ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud, la cual continuará dando cumplimiento al marco jurídico internacional fundamentado en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de los cuales Nicaragua es Estado parte", según la iniciativa aprobada.
La ley manda que "todo el patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Asociación Nacional llamada Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado, y serán administrados por la Cruz Roja Nicaragüense, ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud".
Hasta ahora, la Cruz Roja Nicaragüense, que se rige bajo los principios de Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y que cuenta con edificios, propiedades y vehículos en los diferentes municipios de Nicaragua, aún no se ha pronunciado sobre esa ley.
En abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300" y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
