El régimen de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó este jueves el cierre de otras siete universidades privadas, con lo que el número de casas de estudios superiores ilegalizadas desde diciembre se elevó a 14.
La cartera canceló los registros de las siete instituciones, cuatro originarias de Estados Unidos, dos de Costa Rica y una de Panamá, que estaban registradas como organismos sin fines de lucro, según publicó el Diario Oficial La Gaceta.
El Ejecutivo argumentó que los siete centros de estudios incumplieron sus obligaciones, entre ellas, el no reportar por más de 10 años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones (origen y beneficiario final).
Además, no habrían reportado sus juntas directivas del país de origen, las donaciones previas provenientes del exterior ante el Departamento de Asociaciones, y carencia de documentos de identidad de sus directivos, representante legal en Nicaragua y proveedores de fondos.
Las universidades canceladas de origen estadounidense son la Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Wake Forest University y la Corporación Universidad de Mobile, mientras que las costarricenses son la Asociación Universidad Thomas More (UTM) y la Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (Ucem), y la Fundación Universidad Particular en Ciencias del Mercado es la única panameña.
Este nuevo cierre se suma al de cinco que fueron ilegalizadas el miércoles por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, a petición del Ministerio de Gobernación.
Los centros de estudios afectados por el Parlamento son la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh) y Universidad Paulo Freire (UPF).
87 ENTIDADES ILEGALIZADAS DESDE 2018
A mediados de diciembre pasado, el Parlamento canceló la personalidad jurídica de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y luego hizo lo mismo con la Fundación Universidad de Mobile Latinoamérica Campus (Fumlac).
El Parlamento nicaragüense ha justificado los cierres alegando que las universidades "han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro", o que su "Junta Directiva se encuentra acéfala".
El estatal Consejo Nacional de Universidades (CNU) prometió que los alumnos no se verán afectados en sus carreras ni en sus títulos, e incluso se comprometió a que estos gozarán de aranceles más bajos, una vez que sean absorbidos por el sistema educativo gubernamental.
Con esto, se elevaron a 87 las entidades locales ilegalizadas, a petición del Ejecutivo de Ortega, desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, que dejó 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros de tres ONG estadounidenses y tres europeas.
