El político opositor nicaragüense Chester Membreño, quien se manifestó contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, fue condenado a 30 años de prisión por el delito de terrorismo en el marco de la crisis que vive el país desde abril pasado y que ha dejado cientos de muertos y detenidos, informó el Poder Judicial.
La jueza segunda de distrito penal de juicio de Managua, Adela Cardoza, condenó a Membreño a 20 años por terrorismo, siete años por robo agravado, dos años por entorpecimiento al servicio público, y uno por lesiones psicológicas graves, para totalizar 30 años.
Membreño, abogado de profesión, fue declarado culpable de esos delitos el pasado 13 de diciembre, y la pena fue leída el jueves a puertas cerradas, mismo día en que fue sepultada su madre, la profesora jubilada Cela Palacios, de 68 años, que falleció de una aneurisma y pedía públicamente la libertad de su hijo desde hace seis meses.
Chester Membreño es uno de los entre 340 a 674 detenidos que son calificados por organismos humanitarios como "presos políticos" y que han sido capturados por participar desde abril pasado en protestas contra el presidente Ortega, cuyo Gobierno reconoce 340 reos, que califica de "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
Membreño, miembro del opositor partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), fue acusado por el Ministerio Público de terrorismo y de dirigir marchas y protestas contra el gobierno de Ortega en la ciudad de Masaya, 28 kilómetros al sur de Managua.
La pena que deberá cumplir fue leída el mismo día de la sepultura de su madre. (Foto: La Prensa de Nicaragua)
Contexto de la crisis
Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 674 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El presidente Ortega reconoce 199 muertos y 340 reos, que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.
Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de "golpe de Estado" que, asegura, ya ha sido aplacado.
