El Gobierno de Nicaragua cerró pequeñas empresas que apoyaron una reciente protesta contra el presidente Daniel Ortega, denunció este domingo la opositora Alianza Cívica, que expresó su "más enérgica condena".
"La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia expresa su más enérgica protesta al régimen Ortega Murillo, por la nueva modalidad de represión: castigar a las empresas que se sumaron al paro nacional del pasado 23 de mayo", informó el movimiento, que es contraparte del Gobierno en las negociaciones para sacar a Nicaragua de su peor crisis en décadas.
Las empresas cerradas en días recientes, tras sumarse al paro nacional de actividades para mostrar rechazo a Ortega, son principalmente restaurantes y farmacias, en las zonas Pacífico, sur y norte de Nicaragua.
"Hemos sido informados de múltiples acciones cometidas por instancias públicas, desde el cierre arbitrario y suspensión de licencias y concesiones, hasta el acoso directo y la amenaza", destacó la Alianza.
Las acciones del Gobierno
En uno de los casos denunciados, los trabajadores estatales construyeron un muro de unos tres metros de alto que tapó la entrada del restaurante afectado, a pesar de ser propiedad privada.
En cuanto a las farmacias, el Ministerio de Salud (Minsa) consideró que estas cometieron una "falta muy grave" al apoyar la protesta contra Ortega, razón por la que aplicó la Ley de Medicamentos y Farmacias a una cantidad no específica de distribuidoras de medicinas.
"De nuevo el régimen demuestra su talante represivo y arbitrario, así como su desprecio por la libertad", pronunció la Alianza.
El paro nacional es una de diversas formas de protesta ideadas por una aparente mayoría de nicaragüenses contra Ortega, a quien culpan por la muerte, desaparición y arresto de cientos de personas, así como del exilio de decenas de miles, desde el estallido social de abril de 2018.
Presuntas amenazas antes del paro
Horas antes del paro el Gobierno había amenazado a los empresarios que apoyaran la protesta, según había denunciado la Alianza.
Aunque el paro nacional fue apoyado por empresas de todo tamaño, hasta ahora el Gobierno de Nicaragua únicamente ha cerrado negocios pequeños, que en la misma semana afirmó que protegería.
La Alianza también criticó al Gobierno por pedir a la comunidad internacional que suspenda las sanciones económicas contra allegados de Ortega, pero que "al mismo tiempo sanciona a los dueños de pequeños y medianos establecimientos e incluso grandes empresas" por apoyar las protestas.
Las negociaciones entre la Alianza y el Gobierno de Nicaragua se truncaron el 16 de mayo pasado, cuando un custodio mató de un disparo a un "preso político", pese a que el Ejecutivo se había comprometido en marzo a liberar a todas las personas capturadas por oponerse a Ortega, unas 809 en ese mes; la Alianza ha insistido en que no negociará con el Gobierno hasta que brinde muestras concretas de que tiene "voluntad política" para superar la crisis.
La crisis sociopolítica en Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos desde el estallido social del 18 de abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha responsabilizado al Gobierno por la violencia. ONGs locales cuentan hasta 594. Ortega reconoce 199.
