Uruguay, Costa Rica y Chile fueron los países de América Latina más "eficaces" a la hora de combatir en 2023 la corrupción en la región, según detectó un informe publicado este martes que, en general, refleja un entorno sometido a "continuas presiones".
El índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), publicado por el laboratorio de ideas Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora Control Risks, evaluó la capacidad de un total de 15 países latinoamericanos para "detectar, castigar y prevenir la corrupción".
El documento registró un descenso en la puntuación promedio de América Latina por primera vez desde 2020, al caer las puntuaciones en diez de los quince países estudiados, siendo los peor valorados Venezuela, Bolivia y Guatemala.
Leandro Lima, analista del Cono Sur para Control Risks, destacó a EFE que el declive detectado en la puntuación regional "indica que los esfuerzos anticorrupción continúan enfrentando presiones".
Según este experto, "esto resalta que ningún país es inmune a experimentar estancamiento o retroceso en la lucha contra la corrupción".
Examinando 14 variables, como la independencia de las instituciones judiciales, el informe evaluó y clasificó a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción.
UN RETO PARA TODA LA REGIÓN
La corrupción sigue siendo "un reto" en toda América Latina, ya que el 70 por ciento de los participantes en la encuesta sostuvieron en que es "una de las principales preocupaciones para la mayoría de las personas en su país", conforme al texto.
No obstante, otros factores como la delincuencia violenta, la lenta recuperación económica tras la pandemia y la preocupación por el retroceso democrático se han convertido en prioridades más importantes para los gobiernos, los medios y la sociedad, apuntó el informe.
Uruguay volvió a ocupar el primer puesto del índice aunque experimentó un retroceso, mientras que Costa Rica y Chile conservaron la segunda y tercera posición pese a experimentar, también, retrocesos moderados.
Panamá fue -en sexto lugar- el país que registró un mayor aumento proporcional en su puntuación, gracias sobre todo a "las mejoras en su capacidad legal", y, junto con la República Dominicana y Paraguay, mejoró su puntuación general por tercer año consecutivo.
En cambio, Guatemala (decimotercero) y Venezuela (el peor puntuado, en el decimoquinto puesto del ranking) tuvieron cada uno descensos sustanciales en sus puntuaciones generales.
Guatemala y México (duodécimo), por su parte, fueron los dos únicos países que han disminuido en sus puntuaciones cada año desde 2019 (año de la primera publicación), según estos hallazgos.
Preguntado por EFE, el director asociado en Control Risks, Theodore Kahn, observó que el resultado de Venezuela "no sorprende".
Según opinó, "es un reflejo del proceso de deterioro institucional y erosión de la democracia que ha sufrido el país desde hace ya varios años y que ha permitido al partido oficial cooptar o eliminar casi todos los controles y contrapesos institucionales, políticos y sociales que normalmente existen en un sistema democrático".
