El secretario de Seguridad del gobierno argentino, Sergio Berni, informó este lunes de la detección en el país de 1.400 pistas de aterrizaje irregulares cerca de la frontera norte, que podrían ser utilizadas por los narcotraficantes.
En declaraciones a una radio local, Berni explicó que se trata de "espacios terrestres", a los que casi se pude denominar pistas, "que no llegan más allá de la provincia de Santiago del Estero (norte), por lo que hay que evaluar la capacidad de autonomía que tienen las aeronaves".
"Es un trabajo que se hace a partir de un relevamiento aéreo con cámaras de alta definición, se hace un estudio de inteligencia técnica para determinar cuáles son aquellos lugares que por sus características están en capacidad de aterrizar aviones y que no tienen un plan de vuelo determinado", indicó.
Sin embargo, el secretario de Seguridad se mostró en contra de que en Argentina se ponga en marcha una "ley de derribo" de vuelos ilegales, ya que "es inconstitucional, porque es una pena de muerte sin juicio previo, y quienes la implementaron no pueden mostrar una experiencia positiva".
"Un avión que se derriba cae a la deriva y nadie puede determinar a ciencia cierta donde va a caer ese avión. Entonces el daño colateral que puede generar es muy importante", afirmó Berni, quien subrayó además la pérdida de información que supone.
El responsable de Seguridad del Gobierno argentino destacó la detención de más de 4.000 narcotraficantes en el país en el último año, "y no hablamos de consumidores sino de aquellos que tienen la responsabilidad del contrabando de la droga, el acopio y la comercialización".
También informó sobre la incautación de más de 225.000 kilos de marihuana, y casi 20.000 kilos de cocaína en los últimos 12 meses.
Desde hace varias semanas, funcionarios de juzgados y magistrados de algunas provincias, como Salta y Catamarca, han denunciado la presencia de narcotraficantes, algunos de procedencia europea, en la frontera del norte argentino.
El Gobierno argentino trabaja en conjunto con los jueces federales, a los que ha remitido la información de la que dispone, busca vías administrativas para tratar de cerrar las pistas ilegales.