El expresidente argentino violó la orden judicial que le prohíbe comunicarse con la ex primera dama, según los medios trasandinos.
Fernández es investigado en una causa por violencia doméstica contra su expareja.
La abogada de Fabiola Yáñez aseguró que Fernández utilizó el celular del hijo para enviarle mensajes.
La abogada de la ex primera dama Fabiola Yáñez, Mariana Gallego, acusó al expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) de enviar mensajes "perturbadores" a su cliente, pese a que tiene prohibido por la Justicia comunicarse con ella, según informan medios locales.
Gallego presentó una denuncia ante el juez Julián Ercolini en la que acusa a Fernández de haber utilizado el celular del hijo para enviarle a su expareja dos supuestos mensajes de texto que tendrían por objetivo afectar la estabilidad emocional de su cliente.
El exmandatario le habría enviado a Yáñez, el jueves pasado, dos enlaces a un artículo periodístico titulado: "Mentiras e inconsistencias en el relato de la familia Yáñez", según recoge este sábado el portal de noticias TN.
A Fernández, que ya tiene un pedido de declaración indagatoria solicitado por el fiscal Ramiro González, la Justicia le había prohibido tomar cualquier tipo de contacto con la ex primera dama y salir del país.
Tras la presentación judicial, Ercolini exigió al exmandatario dejar de contactarse con Yáñez o sus familiares y cesar "todo acto de intimidación directa o indirecta".
El juez agregó que la comunicación solo podrá ser con la familia de su expareja en temas relacionados con la crianza de su hijo y advirtió que futuras transgresiones serían consideradas como "obstrucción a la Justicia", un delito que puede implicar prisión preventiva.
Fernández está imputado por dos lesiones leves doblemente agravadas por tratarse de violencia de género y presuntamente ejercida contra Yáñez, y una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de su expareja, también doblemente agravada.
El expresidente también está acusado del delito de coacción para que Yáñez no denunciara las supuestas agresiones, algo por lo que puede ser condenado hasta a 18 años de prisión.
