La diputada Patricia Bullrich respondió así a la demanda del mandatario en su contra, por cuestionar las negociaciones para la compra de vacunas Pfizer.
Según la legisladora, existían irregularidades y "presuntos retornos" en el primer contrato entre ese laboratorio y el Ejecutivo, acuerdo que no prosperó.
La Fundación Libertad de Expresión + Democracia (Led) denunció al Presidente de Argentina, Alberto Fernández, ante la Comisión Interamericada de Derechos Humanos (CIDH) por las "limitaciones a la libertad de opinión y la afectación de los derechos políticos" de los argentinos.
Lo anterior debido a la demanda judicial que presentó el Mandatario contra la diputada y presidenta del Partido Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, por opinar sobre las negociaciones con laboratorios extranjeros para que el país acceda a las diferentes vacunas contra el Covid-19, según publicó Clarín.
El caso del Presidente contra la timonel del PRO comenzó cuando la diputada acusó que habían irregularidades y presuntos "retornos" en el primer contrato que no prosperó entre el Ejecutivo y el laboratorio Pfizer para la compra de las vacunas.
A raíz de esto, Fernández inició una causa judicial contra la congresista y le pidió el pago de 100 millones de pesos como indemnización, dinero que aseguró que donaría al Instituto Malbrán.
La denuncia la generó el abogado Julián Curie y miembros de la Fundación Led, entre ellos la presidenta del organismo, Silvana Giudici, quien presentó los antecedentes ante la CIDH.
En el escrito detallaron las declaraciones del Presidente y su abogado Gregorio Dalbón en contra de Bullrich, y también sobre la vulnerabilidad que afecta a la libertad de expresión en el país cuando las máximas autoridades demandan a quienes opinan de manera contraria a sus decisiones o políticas.
Asimismo, consigna el fallo a favor del periodista Eduardo Feinmann, denunciado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2018, cuando lo acusó de difamación por opiniones sobre su gestión mientras era presidenta del país.
También memora el caso del periodista Gabriel Hernández, condenado a pagar dos millones de pesos por emitir comentarios de los auditores contra el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en su programa de radio.
