Amnistía Internacional advirtió este viernes sobre la "estigmatización, discriminación y persecución" al pueblo mapuche en Argentina, después de una serie de ataques incendiarios en la provincia de Río Negro, que habrían sido provocados por grupos indígenas en octubre.
En un comunicado, la organización de derechos humanos advirtió sobre la existencia de un "discurso alarmante" en torno a los "reclamos territoriales" de los mapuches, lo que reproduce las "mismas estrategias de persecución" que se producen en Chile.
"La violencia y estigmatización no puede ser la respuesta a una cuestión de derechos humanos como es el reclamo por los territorios indígenas", aseveró la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey.
Por ese motivo, Amnistía Internacional llamó a "abrir canales de diálogo" para resolver estas demandas, así como instaurar "políticas integrales" que garanticen los derechos de los pueblos originarios.
En este contexto, la entidad solicitó al Congreso argentino la prórroga "urgente" de la Ley 26.160, promulgada a finales del 2006, la cual suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas.
RÍO NEGRO
Hace dos semanas, el edificio del Club Andino Piltriquitrón, ubicado en la localidad de El Bolsón (provincia de Río Negro), fue consumido por un incendio perpetrado presuntamente por grupos mapuche.
En el lugar se encontraron bidones con gasolina y panfletos con mensajes contra la gobernadora provincial y el intendente Bruno Pogliano.
La zona ya había sufrido otro ataque incendiario el 3 de octubre en la oficina de turismo de El Bolsón y al día siguiente otro en un puesto de Vialidad en Bariloche.
El presidente argentino, Alberto Fernández, ordenó enviar funcionarios de Gendarmería Nacional a la provincia con el fin de patrullar la zona afectada por estos incidentes.
El gobierno provincial calificó estos hechos de "terrorismo", palabras que el jefe de Estado no comparte y consideran que no es función del Ejecutivo "brindar mayor seguridad en la región" ni tampoco "reforzar el control en las rutas nacionales".
Según Amnistía Internacional, la construcción de un discurso "securitista" actúa en estos casos como una plataforma "que da vía libre para avanzar en medidas represivas y violentas fundadas en la presunta protección del Estado".
"Es inaceptable que el Estado califique al reclamo indígena, y en particular, del pueblo mapuche por su territorio como un problema de seguridad nacional que requiere la intervención de las fuerzas de seguridad y la aplicación de leyes violatorias de los derechos humanos", señaló la entidad en el comunicado.
