Edenor y Edesur son responsabilizadas de la crisis durante ola de calor.
Usuarios afectados recibirán entre 40.000 y 70.000 pesos chilenos como indemnización.
Cortes duraron semanas completas.
El Gobierno argentino oficializó las sanciones que impondrá a las empresas concesionarias del suministro eléctrico Edenor y Edesur por los prolongados cortes de luz durante la reciente ola de calor y pasará a gestionar de forma directa los fondos estatales de financiación de mejoras en la red.
El Ejecutivo de Cristina Fernández dispuso, a través de su publicación en el Boletín Oficial de la nación, la retirada a Edenor, de capitales argentinos, y Edesur, filial de la española Endesa, de la gestión del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica.
El Ministerio de Planificación, encabezado por Julio de Vido, será, en lo sucesivo, el encargado de gestionar directamente de las inversiones en el sistema de abastecimiento eléctrico.
Para el Gobierno argentino la causa de los apagones registrados durante la histórica ola de calor de diciembre pasado -la mayor de los últimos cien años en ese país- se encuentra en la no ejecución de todas las obras comprometidas por las eléctricas, las cuales cuentan con un "saldo remanente" derivado de los fondos estatales.
"Los fondos remanentes mencionados, de no haber sido por la actitud negligente de las concesionarias, deberían haber sido aplicados a obras que hubieran atenuado, al menos parcialmente la situación", comunicó el texto del Boletín Oficial.
Indemnización a usuarios
Por otro lado, se oficializaron los montos, anunciados la semana pasada por el Ejecutivo, que Edenor y Edesur deberán pagar a sus clientes en concepto de perjuicios ocasionados por los apagones, que oscilarán entre 490 y 870 pesos (entre 40.000 y 70.000 pesos chilenos), además de hacerse cargo de los equipos dañados.
"Las empresas han demostrado su incapacidad para desarrollar un programa de inversiones", recalcó en una rueda de prensa el jefe del Gabinete de Gobierno, Jorge Capitanich, al justificar las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.
Capitanich insistió en que el Gobierno quiere que las "inversiones se hagan ya" y que se apliquen "en forma rápida, sistemática y principalmente en los lugares de mayores problemas".
