Actualmente 764 personas se encuentran detenidas y 1.532 permanecen en libertad.
Un total 579 personas se encuentran en prisión domiciliaria, 118 están en la cárcel y 67 lo hacen en otras dependencias.
Argentina contabiliza 1.058 personas condenadas en 273 sentencias por crímenes de lesa humanidad, a 46 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que dio paso a la última dictadura militar del país (1976-1983), según un relevamiento difundido este miércoles por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
El relevamiento muestra las cifras del proceso de verdad y justicia a partir del reinicio de los juicios en 2006, tras la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que el 44% (275) de las causas por crímenes de lesa humanidad se encuentra en etapa de instrucción, mientras que el 43% (273) tuvo sentencia. En tanto, un 10% (65) aguarda por el inicio del debate y un 3% (20) está actualmente en juicio.
Como resultado, 1.058 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad y 165 resultaron absueltas.
Entretanto, 542 personas están actualmente procesadas; 142, con falta de mérito, y 573, imputadas por el Ministerio Público Fiscal sin que hayan sido convocadas a prestar declaración indagatoria. Otras 34 personas indagadas aguardan la resolución de su situación procesal y otras 96 resultaron sobreseídas durante la primera parte de los procesos.
El reporte agrega que 22 personas se encuentran prófugas de la justicia, de los cuales se desconoce su paradero.
En ese sentido, el Ministerio de Seguridad argentino difundió este miércoles la nómina de personas buscadas por la justicia en causas penales por delitos de lesa humanidad, mediante dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, donde incrementó a cinco millones de pesos argentinos (36 millones de pesos chilenos) la recompensa ofrecida a quienes quieran suministrar datos para lograr la aprehensión de cada uno de los prófugos.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad agregó que desde el inicio de los procesos hasta la actualidad fallecieron 964 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad antes de obtener sentencia.
El informe indicó además que la prisión domiciliaria se afianzó como el modo de detención para las personas que transitan estos procesos judiciales.
En la actualidad, 764 personas se encuentran detenidas y 1.532 permanecen en libertad, según el reporte.
Según se detalló, 579 personas se encuentran en prisión domiciliaria, 118 permanecen en establecimientos penitenciarios y 67 lo hacen en otras dependencias, como la Unidad 34 que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, que por sus características no es considerado como una unidad penitenciaria por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Argentina llevó adelante el histórico Juicio a las Juntas en 1985, pero luego sancionó las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, entre 1986 y 1987 y el Ejecutivo otorgó indultos a los integrantes de las Juntas militares en 1990.
Con el dictado de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003 y la declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema en 2005, se consolidó el proceso de reapertura de los juicios por lesa humanidad que comenzó en 2006.
