Resolución además ordena ampliar querellas presentadas e intervinientes en las causas vinculadas al esclarecimiento del suceso.
En el atentado a la mutual judía fallecieron 85 personas.
El ataque ocurrido en 1994 dejó 85 muertos y aún no hay responsables.
El Gobierno argentino publicó este jueves en el Boletín Oficial un decreto por el que ordena la desclasificación de todos los archivos secretos de la causa en la que se investiga el atentado contra la mutual judía AMIA de Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos y continúa impune.
En concreto, el texto gubernamental dispone la desclasificación "de la totalidad de las notas, informes y resoluciones" que no fueron alcanzadas por la desclasificación dispuesta por un decreto de 2015, y que hace lugar a una solicitud de la Unidad Fiscal de Investigación del ataque.
Además, la resolución ordena ampliar las querellas presentadas e intervinientes en las causas vinculadas al esclarecimiento del suceso e incrementa los recursos humanos y materiales a la Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia con el objeto de "optimizar los procesos de compulsa y relevamiento de la documentación, informes y archivos desclasificados".
"Con el objeto de continuar desplegando acciones concretas y efectivas para contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados, y de acuerdo con el compromiso asumido por el Gobierno, es imperioso y prioritario ampliar la desclasificación", añade el dictamen.
El atentado contra la AMIA fue el segundo ataque terrorista contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, que también sigue sin esclarecer.
En enero de 2015, Alberto Nisman, fiscal especial encargado de la investigación de este atentado, fue encontrado con un tiro en la cabeza en su casa de Buenos Aires días después de haber denunciado a la entonces presidenta, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado.
El fiscal, cuya muerte se desconoce si se trató de un suicidio o de un homicidio, basaba su denuncia -que fue reabierta en diciembre pasado tras ser desestimada en varias ocasiones- en el acuerdo de entendimiento suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que, según él, implicaba encubrir a los sospechosos a cambio de impulsar el intercambio comercial de granos argentinos por petróleo iraní.
Esto, sin embargo, ha sido continuamente negado por Fernández y su entorno.
