La justicia argentina investiga la muerte de un ex policía que había sido citado a declarar en los próximos días en calidad de testigo clave, en el marco de la indagatoria que busca esclarecer la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Según informó El Clarín, fuentes policial indicaron que Héctor Goncalvez Pereyra fue asesinado la semana pasada por uno grupo de individuos que intentó asaltar el camión de vestuario Lacoste que él custodiaba.
Sin embargo, pese a que el ex funcionario policial fue rodeado por cuatro vehículos y baleado, finalmente no se produjo ningún robo, por lo que la jueza Fabiana Palmaghini, a cargo del caso Nisman, pidió que se le entregara mayores antecedentes del crimen.
Según da cuenta La Nación de Argentina, la noticia de su muerte se conoció la semana pasada, sin embargo, no había sido vinculada al caso Nisman. Goncalvez Pereyra, añade el medio trasandino, fue baleado junto a su compañero, el ex policía Diego Ángel Díaz cuando un grupo de "piratas del asfalto" los atacó en Luján.
Goncalvez, de 50 años, era el dueño de uno de los teléfonos que se activaron el domingo 18 de enero de 2015, momento en que aún no se conocía la muerte del fiscal Nisman, junto a otras extrañas llamadas que se realizaron ese día.
Ese día, precisa La Nación, a su teléfono "llegaron llamadas de espías que buscaron hablar con Nisman (...) cuando no se sabía que el fiscal estaba muerto".
Entre los involucrados en las llamadas figura el ex espía Antonio Stiuso, su mano derecha Alberto Mazzimo, el ex director de Reunión Interior de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), Fernando Pocino y el entonces jefe del Ejército, general César Milani.
Nisman, el fiscal de la causa por el atentado con la mutual judía AMIA, fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero.
El cadáver fue hallado en el baño de su departamento con un disparo en la cabeza.
El cuerpo de Nisman fue encontrado apenas unas horas antes de su comparecencia prevista para este lunes ante el Congreso para detallar la denuncia que alcanza a Cristina Fernández y varios de sus colaboradores por el supuesto encubrimiento de los presuntos autores del atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos en 1994.