Los policías que estaban a cargo de la custodia del fiscal argentino Alberto Nisman cuando fue hallado muerto, en enero de 2015, se negaron a prestar declaración, en el marco de su imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los custodios Armando Niz y Luis Miño hicieron uso de su derecho constitucional de negarse a declarar y, según Manuel Romero Victorica, abogado de las hijas del fiscal fallecido, los imputados optaron por hacer una presentación por escrito la próxima semana.
A ambos se les acusa de no haber actuado con mayor rapidez ante la falta de respuesta de Nisman a sus llamadas el día de su fallecimiento y por abandonar el edificio en que vivía el fiscal para ir a buscar a su madre.
Cuatro días antes de su muerte, el fiscal, que estaba al frente de la investigación del atentado contra la sede de la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, había denunciado a la entonces presidenta del país, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de terroristas.
Más de un año después de su muerte, la investigación judicial sigue estancada y aún no ha determinado si el fiscal se suicidó o si, tal y como sostiene su familia, fue asesinado.