Buenos Aires: Medidas de emergencia durante un año por auge de violencia

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Autor: Cooperativa.cl

Decreto ocurre tras una sucesión de linchamientos a supuestos ladrones.

Autoridades destinarán más personal policial para actividades de prevención.

Buenos Aires: Medidas de emergencia durante un año por auge de violencia
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, decretó este sábado "la emergencia en materia de seguridad pública" por 12 meses ante el auge de delitos de características "violentas sin precedentes".

En una conferencia de prensa, Scioli explicó que la declaración de excepcionalidad significará "destinar más personal policial para actividades de prevención", aumentar la inversión en equipamiento y la creación de fiscalías especializadas en narcotráfico con el fin de "acorralar el delito".

"Ayer se pudo apreciar la ferocidad de estos delincuentes", dijo Scioli, en referencia a un robo a un banco en la localidad bonaerense de Bernal, en el que uno de los ladrones murió durante el tiroteo que estos mantuvieron con la Policía en su intento de huida.

Scioli anticipó que será convocado el personal retirado, unos 5.000 agentes, "hasta que ingresen los nuevos policías que se están formando".

Este refuerzo estará acompañado por los "más de 40 mil agentes de seguridad privada", que se incorporarán a la "red de prevención con la obligación de avisar a la Policía situaciones de riesgo", detalló.

El gobernador bonaerense agregó que invertirán 600 millones de pesos (74,6 millones de dólares) en equipamiento que permitirá intensificar el patrullaje por las calles y enviarán a la Legislatura "un proyecto de ley para crear diez fiscalías especializadas en narcotráfico".

Además, durante los próximos 12 meses, el Gobierno bonaerense prevé crear 1.000 plazas nuevas en alcaidías (juzgados de instrucción) para alojar a detenidos que esperan ser procesados.

Las medidas anunciadas por el gobernador se producen en medio de un debate sobre la violencia en Argentina, tras una sucesión de linchamientos a supuestos ladrones que han sido condenados por el Gobierno, la Iglesia y numerosas fuerzas políticas y organizaciones sociales.

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