La Justicia argentina confirmó el fallo judicial que ordenaba la ejecución de la pena de cinco años y diez meses de prisión al ex vicepresidente kirchnerista Amado Boudou (2011-2015), de forma que abandona la prisión preventiva y comienza el cómputo de su condena.
Así lo decidió la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país trasandino, que rechazó por unanimidad un recurso interpuesto por la defensa del ex vicepresidente.
La defensa alegaba que, mientras la Corte Suprema no resolviera los recursos pendientes en el caso, el tribunal oral no podía dar comienzo a la ejecución de la sentencia, ordenada el pasado 16 de septiembre, porque se "atentaría contra el derecho de inocencia" de Boudou.
En ese sentido, la corte consideró "debidamente acreditada" la decisión del Tribunal Oral Federal 4, que en julio confirmó la culpabilidad de Boudou por "cohecho pasivo" y "negociaciones incompatibles con la función pública", por los que cumple condena desde el 18 de febrero en la cárcel bonaerense de Ezeiza.
La compra de una empresa fantasma mientras era ministro
Boudou, junto a su socio José María Núñez Carmona -quien fue condenado a 5 años y 6 meses de cárcel-, adquirió la empresa quebrada Ciccone Calcográfica -luego denominada Compañía Sudamericana de Valores- cuando era ministro de Economía (2009-2011).
Impedido de efectuar negociaciones en beneficio propio y en perjuicio de los intereses del país, Boudou se valió de su amigo Carmona, según la Justicia, para utilizar "empresas fantasmas y operaciones simuladas que dificultaban rastrear a los verdaderos titulares del negocio y entender el verdadero alcance del acuerdo ilegal".
Este fallo se produce después de que este miércoles el Tribunal Oral Federal 4 ordenara el "recálculo" de la sentencia a cinco años y diez meses prisión de Boudou, tomando en cuenta a favor del ex vicepresidente los dos meses y 14 días de prisión preventiva que cumplió en otra causa vinculada, por lo que su condena se verá reducida en ese tiempo.
También esta semana, un tribunal revocó dos de los procesamientos que pesan sobre la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015), ahora vicepresidenta electa, en los que se investigaba el presunto pago de sobornos por parte de empresas peajes y la importación con supuestos sobreprecios de buques con gas licuado durante su mandato.
Al mismo tiempo, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó su procesamiento en otra causa en la que se investiga la supuesta cartelización de la obra pública en la gestión kirchnerista.
