En 2022, un tribunal de primera instancia la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
Anticipando un resultado desfavorable, la expresidenta dijo el martes que buscan "proscribirla".
La Justicia argentina decidirá este miércoles si confirma o modifica la sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por la concesión irregular de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz cuando era mandataria, un fallo que podría truncar su vida política.
La Cámara de Casación Penal se pronunciará sobre la decisión tomada en primera instancia por el Tribunal Oral Federal en diciembre de 2022, cuando Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, causa conocida como "Vialidad".
El tribunal consideró entonces que la expresidenta había cometido un delito de administración fraudulenta de fondos públicos, aunque la absolvió de asociación ilícita.
Este martes, Fernández difundió un extenso comunicado en el que da por seguro que, tal como lo han adelantado varios medios locales, la Cámara confirmará la condena.
La exmandataria denunció la falta de imparcialidad de los jueces y los vínculos directos de los miembros del tribunal de alzada -Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña- con el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).
"Todos ellos van a confirmar la condena del tribunal oral", aseveró quien también se desempeñó como vicepresidenta argentina entre 2019 y 2023.
En la causa "Vialidad" se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa y sucesora (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Fernández insiste en que no puede ser condenada por un delito que no cometió en relación a unas obras viales aprobadas por el propio Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno provincial de Santa Cruz y con cuentas rendidas y aprobadas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso.
Fernández, quien ha asegurado en varias oportunidades ser blanco de 'lawfare' (hostigamiento judicial y político), sostuvo que la causa "Vialidad" es un "show" cuyo "verdadero objetivo" es lograr su inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad.
"O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida", afirmó Fernández, consagrada días atrás como la nueva presidenta del Partido Justicialista (PJ, peronista).
"Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una nación que construya más patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo", aseguró la dirigente política, de 71 años.
Sostuvo que el "entramado de sectores e intereses económicos, geopolíticos y mediáticos que acusan y persiguen judicialmente a quienes los desafían" es no solo un fenómeno argentino sino también regional e, incluso, global, al recordar el caso de Donald Trump, quien ganó las recientes elecciones en Estados Unidos "a pesar de tener más de 30 causas en su contra, varias condenas y un intento de asesinato en plena campaña electoral".
Fernández, quien el 1 de septiembre de 2022, en el tramo final del juicio oral por la causa "Vialidad", sufrió un intento de asesinato, afirmó que quienes llevan adelante gobiernos "nacionales, democráticos y populares" corren el riesgo de ser "eliminados físicamente o suprimidos políticamente mediante la proscripción".
Aseveró además que el Poder Judicial "ha convertido a Mauricio Macri en su principal beneficiario, garantizando su impunidad y siendo instrumento de persecución política".
