La ex presidenta y Florencia Kirchner son investigadas por supuestos negocios irregulares con empresarios que se adjudicaron obras públicas.
Acusó estar siendo víctima de una "descomunal campaña de persecución mediático-judicial".
"No tengo temor de enfrentar cualquier cargo que se me formule, incluso si para ello debo padecer la pérdida de mi libertad", dijo la "Señora K".
La ex presidenta de Argentina Cristina Fernández presentó este viernes un escrito que busca eximir de prisión a su hija Florencia, después de que "en las últimas horas" le hayan "informado" de que el juez que las citó a ambas a declarar la próxima semana como imputadas por delitos de corrupción quiere ordenar su detención.
En un mensaje en Facebook, la ex mandataria argentina (2007-2015) se refirió a la causa por la que, a principios de febrero, el magistrado Claudio Bonadio la citó a declarar tanto a ella como a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, además de varios empresarios por presunto lavado de dinero y cohecho.
Esta citación se produce en una causa que investiga supuestos negocios irregulares con empresarios de obras públicas a través de la empresa familiar Los Sauces.
"El pasado 3 de febrero mi hija Florencia fue citada a prestar declaración indagatoria. (...) Se la acusa de haber formado parte de una supuesta organización delictiva que habría iniciado sus actividades en mayo de 2003", comienza diciendo Fernández en su posteo.
La "señora K" recuerda que en ese tiempo Florencia "contaba con tan solo 12 años de edad", y que en la fecha de constitución de la empresa inmobiliaria Los Sauces -objeto de investigación-, su hija "recién había alcanzado a cumplir 16 años".
Señala luego que la relación de Florencia con dicha sociedad se inicia tras el fallecimiento de su padre, el también ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), en 2010, "en el carácter de heredera forzosa".
"Descomunal campaña de persecución"
"En las últimas horas nos han informado que, en el marco de la descomunal campaña de persecución mediático-judicial, Bonadio intentará privar a mi hija Florencia Kirchner de su libertad", asevera Fernández.
"Todo esto viene ocurriendo mientras los problemas de los argentinos se siguen agravando con motivo de las políticas del actual Gobierno, situación que pretende ser ocultada y manipulada a través de la actuación coordinada de una alianza política, mediática y judicial", añadió.
La ex jefa de Estado acusa a su sucesor, Mauricio Macri, de estar detrás de la persecución de la que dice ser víctima, y en su texto de hoy reprochó una supuesta "actitud de menosprecio (...) a los derechos, garantías y seguridad de las personas", hablando de un "modus operandi de un Gobierno en relación con todo lo que considera 'opositor'".
"Como lo he dicho en muchas oportunidades, no tengo ni tendré temor alguno en enfrentar cualquier cargo que se me formule, incluso si para ello debo padecer la pérdida de mi libertad ambulatoria. De la otra, estos jamás me podrán privar", subrayó la ex mandataria.
Además, señaló que "estos hechos de inusitada gravedad y otros de similar magnitud" se detallan en el "escrito de exención de prisión" que la mañana de este viernes presentó en representación de su hija, y reflejan "el increíble deterioro del Estado de Derecho desde el 10 de diciembre de 2015", cuando ella dejó el poder.
Antecedentes
La causa Los Sauces surgió en abril de 2016 tras una denuncia de la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra Fernández y sus hijos, en la que acusaba falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero relacionados con supuestas transacciones ilícitas con los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez.
Stolbizer cree que pudo utilizarse la empresa -dedicada al alquiler de inmuebles y conformada en 2006 por el matrimonio presidencial y su primogénito- para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de parte de esos empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
El fiscal Carlos Rívolo hizo lugar a esa denuncia de Stolbizer y pidió investigar como imputada a la ex presidenta, por lo que ahora decidió convocarla el juez, quien una vez le haya tomado declaración decidirá si dicta su procesamiento, es decir, si abre un proceso penal contra ella que desemboque en la apertura de un juicio oral.
