La ex presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) aseguró que "nunca nadie" le pagó nada por "llevar adelante ninguna de las medidas" de sus Gobiernos y achacó sus problemas judiciales a haber afectado "intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos".
En una extensa carta publicada en su cuenta de Facebook, la actual senadora, procesada en cinco causas -la mayoría por corrupción- se refirió a su más reciente imputación, por presuntamente haber recibido millonarios sobornos de parte de empresarios de la obra pública durante su gestión.
"Los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la Nación", remarcó en la carta.
El escándalo de los sobornos ha dejado multitud de empresarios y ex funcionarios detenidos y salió a la luz por los cuadernos que un chofer del Ministerio de Planificación escribió durante más de una década, en los que contaba cómo llevaba bolsas con dólares que empresarios destinaban a miembros del kirchnerismo, entre ellos, supuestamente, Fernández y su fallecido esposo, Néstor Kirchner.
En la carta, titulada "Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida", la ex mandataria critica el proceso llevado a cabo por el juez Claudio Bonadio -que dirige esta y otras causas que la afectan y a quien ha recusado varias veces- y el "manejo extorsivo" que asegura se está haciendo de la figura del "arrepentido".
Hasta ahora, varios los empresarios "arrepentidos" -figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren con la Justicia- y puestos en libertad condicional, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y ex propietario de la constructora Iecsa, que declaró que fue presionado para aportar pagos a las campañas electorales kirchneristas.
"Menú de 'arrepentidos' a la carta"
Además, el ex funcionario Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales y también imputado colaborador, llegó a reconocer que le llevaba a Kirchner bolsos con dinero que recaudaba en las concesionarias viales y que en algunas ocasiones Fernández estaba presente.
La guinda la puso la puso Gabriel Romero, que afirmó que pagó 600 mil dólares para que Fernández firmara el decreto de extensión de la concesión a su empresa, hasta el 2021, del mantenimiento de la hidrovía del Paraná.
"En un verdadero menú de "arrepentidos" a la carta, el Sr. Gabriel Romero dice haber pagado dinero por la firma de ese decreto que (...) era para mí obligatorio firmar", señala la ex mandataria.
"En todo caso, sería muy interesante que el Sr. Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos", remarcó.
La senadora, tras una larga explicación de cómo se gestó ese decreto, aseveró que su intervención como presidenta se limitó a lo único que podía hacer: "Ratificar lo actuado y resuelto" por varios organismos públicos y la intervención del Congreso a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo, sin cuya aprobación "no hubiera habido decreto".
"He decidido no hacer comentarios sobre remiseros (choferes) 'arrepentidos' que dicen haberme visto en pijama, ni opinar sobre ex funcionarios de cuarta línea, también 'arrepentidos', que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio", comienza la carta de la ex presidenta.
Sin embargo, destacó que la declaración de Romero la llevó a cambiar de opinión y volvió a insistir en que el Gobierno de Macri, que ha provocado que el país "se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social", está influyendo en su situación judicial.
