La ex presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) dijo este martes que no tiene miedo de ser detenida a raíz de las causas judiciales que investigan presunta corrupción y supuestas irregularidades durante su Gobierno.
Fernández, que asistió hoy al velatorio de un histórico dirigente sindical de Argentina, afirmó que con la legislación vigente en el país y el código de procedimientos "evidentemente" no tiene miedo.
La ex mandataria fue consultada a la salida del velatorio de Raimundo Ongaro, fallecido titular del gremio de los trabajadores gráficos, sobre las recientes declaraciones de un exjuez de la Corte Suprema.
Raúl Zaffaroni, que dejó el máximo tribunal de Argentina en 2014, dijo este fin de semana que Fernández "puede llegar a ir presa" si en el país "se agrava la situación y en determinado momento hay que distraer la atención".
"El Gobierno todos los días saca un conejo de la galera para distraer a la gente de la situación económica", cuestionó la ex jefa de Estado en diálogo con la prensa.
Fernández respaldó también al excandidato kirchnerista a la Presidencia Daniel Scioli, quien fue denunciado este lunes por legisladores del oficialismo a raíz de presuntos movimientos irregulares en los fondos de la provincia de Buenos Aires cuando él era gobernador de ese distrito.
"Lo que esta gente quiere es armarles causas penales a todos aquellos que, ellos piensan, pueden ser candidatos o pueden obstaculizarles una elección", agregó la expresidenta argentina.
El velatorio de Ongaro
Al asistir al velatorio, Fernández calificó como "un sindicalista muy comprometido" a Ongaro, fundador en 1968 de la Confederación General del Trabajo (CGT) de los Argentinos, un espacio gremial combativo que se oponía a un pacto con la dictadura de ese momento (1966-1973).
"Fue de los dirigentes que, con la lucha del pueblo y de los sectores juveniles, trajeron a (Juan Domingo) Perón de vuelta a la patria", agregó la ex mandataria, según publicó la agencia estatal Télam.
En la Justicia argentina, Fernández enfrenta una causa en su contra por presuntas irregularidades en los contratos de futuros de dólar realizados por el Banco Central durante el último tramo de su segundo mandato.
Además, la Justicia investiga los vínculos de la exmandataria, y de las empresas en las que es accionista, con Lázaro Báez, adjudicatario de obra pública y estrecho colaborador del fallecido presidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007), acusado por presunto lavado de dinero.
