La ex presidenta argentina presentó un escrito al juez Claudio Bonadio.
Apuntó a los procesos judiciales como "una persecución y ensañamiento".
El juez Claudio Bonadio ha procesado a Cristina Fernández y ha pedido que entre en prisión provisional.
La ex presidenta de Argentina Cristina Fernández negó su participación en las ocho causas por corrupción por las que acudió a declarar este lunes y acusó al fiscal Carlos Stornelli, investigado por presunta extorsión a empresarios, de "tergiversar" las declaraciones de los imputados.
En el escrito que presentó al juez de las causas, Claudio Bonadio, la ex mandataria se refirió a la llamada "causa de los cuadernos", de la cual se derivan las otras siete investigaciones, para calificarla como "causa de las fotocopias", alegando que "se inició en base a simples fotocopias de unos supuestos cuadernos que nunca se vieron".
Fernández apuntó a los procesos judiciales como "una persecución y ensañamiento al que sólo se atrevieron Gobiernos totalitarios en tiempos en que el Estado de Derecho se encontraba suspendido" y afirmó que tanto Stornelli como el juez Bonadio recrearon "un libreto" en su contra.
"A partir de simples fotocopias, el juez ordenó la detención de decenas de personas con el indisimulable propósito de presionarlas y obligarlas a recitar un libreto que ya estaba armado, esto es: que los anteriores Gobiernos constituían una 'asociación ilícita'", destacó en el escrito.
Además, manifestó que estas acusaciones hacia el fiscal y el juez no se basan en una "elucubración" por su parte, sino que "encuentra sustento en declaraciones públicas formuladas por periodistas que jamás han tenido simpatía" con sus posiciones políticas.
Con el escrito presentado, Fernández evitó hacer declaraciones ante el juez por las acusaciones para las que sostiene que no existen pruebas en su contra.
A pesar de que no han trascendido los detalles de todas las causas por las que Fernández fue llamada a declarar, estas se articulan en torno a la "causa de los cuadernos", en la que se le acusa de una supuesta trama de sobornos a cambio de contratos públicos que comenzó con el gobierno de Néstor Kirchner y continuó durante el de Fernández.
Por esta causa, el juez federal Claudio Bonadio la considera "jefa de la asociación ilícita", la ha procesado y ha pedido que entre en prisión provisional, algo que no prosperó por sus fueros como senadora.
