La presidenta argentina fue acusada junto al canciller Héctor Timmerman.
Gobierno trasandino desmintió la denuncia y acusó un complot judicial.
Cristina Fernández señaló que la denuncia en su contra "no tiene asidero".
Un fiscal que investiga el atentado ocurrido en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), principal centro comunitario de la colectividad judía en Argentina, acusó a la presidenta Cristina Fernández y al canciller Héctor Timerman de alcanzar un acuerdo con Irán para proteger a los responsables.
Alberto Nisman, quien investiga el ataque que dejó 85 muertos, denunció a la mandataria por los delitos de "encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario público y estorbo del acto funcional".
Según un comunicado emitido por el fiscal, la denuncia fue presentada tras reunir evidencias mediante intervenciones telefónicas sobre las maniobras del Gobierno argentino para "borrar a Irán del caso AMIA".
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, calificó como "ridícula" la denuncia de Nisman.
En declaraciones al Canal 5 Noticias (C5N) Fernández señaló que la acusación "no tiene asidero" y mencionó supuestos vínculos que unen al fiscal Nisman con ex funcionarios de la Secretaría de Inteligencia.
Tras el atentado se inició una primera investigación judicial, llevada a cabo por el juez Juan José Galeano. Ese caso fue anulado por irregularidades y la causa reabierta en 2009.
Desde entonces, la fiscalía responsabilizó a ex funcionarios iraníes por la autoría intelectual del crimen, que atribuyen al grupo islámico Hezbolá.
"Sorpresa"
Los representantes de la comunidad judía en Argentina se mostraron "sorprendidos" y "preocupados" por el anuncio del fiscal.
"En otras ocasiones, Nisman y el gobierno han protagonizado varios roces por la causa del atentado", recordó el corresponsal de BBC Mundo en Buenos Aires, Ignacio de los Reyes.
"Además, el pedido del fiscal queda ahora en manos de un juez, Ariel Lijo, que a su vez fue criticado por el oficialismo por haber procesado al vicepresidente, Amado Boudou, por un supuesto delito de cohecho", informó De los Reyes.
En los últimos meses se acumularon los pedidos de investigación al entorno de Cristina Fernández, bien a su vicepresidente, bien a las empresas hoteleras que posee la mandataria en el sur del país.
Gobierno atribuyó denuncia a complot judicial
El Gobierno argentino desestimó como "absurda" la denuncia contra Cristina Fernández y la atribuyó a un complot judicial con ayuda de "grupos de inteligencia internacionales".
"Se trata de una decisión disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución Nacional", dijo este jueves en conferencia de prensa el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich.
Capitanich defendió a Fernández al afirmar que "ha sido históricamente una férrea defensora para el esclarecimiento de este hecho doloroso para la historia argentina".
Para el jefe de ministros, la denuncia responde a una "estrategia de carácter corporativo con algunos miembros y sectores del poder judicial con grupos mediáticos concentrados y grupos corporativos económicos con objeto no sólo de hostigar al Gobierno sino de pretender su desestabilización permanente en una clara actitud golpista".
Capitanich destacó que la denuncia "no es solamente la decisión aislada de un actor, el fiscal Nisman", sino una estrategia impulsada por los citados grupos junto a agentes de inteligencia nacionales "e internacionales y de intereses estratégicos internacionales en contra de la República Argentina".
Finalmente, el jefe de Gabinete sostuvo que la presentación judicial fue realizada dos años después de la firma del Memorándum de Entendimiento firmado con Irán en 2013 y no antes como parte de una estrategia mediática "para contrarrestar las buenas noticias", como el récord de turistas en la costa argentina este verano.
La denuncia penal presentada este miércoles por Nisman alcanza también al diputado oficialista Andrés Larroque, los militantes Luis D'Elia, Fernando Esteche, personal de la secretaría de Inteligencia de la Presidencia argentina, el ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y el referente comunitario iraní Jorge "Yussuf" Khalil.
