Esto por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra una mutua judía en 1994.
Este caso fue abierto por la denuncia que presentó en 2015 el procurador Alberto Nisman días antes de morir.
El accionar criminal denunciado fue orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior Gobierno.
Un fiscal argentino pidió este jueves que la ex presidenta Cristina Fernández declare como investigada en una causa por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra una mutua judía en 1994, abierta por la denuncia que presentó en 2015 el procurador Alberto Nisman días antes de morir.
En concreto, Gerardo Pollicita solicitó al juez Claudio Bonadio, encargado del expediente, que cite a declaración indagatoria a, entre otras 12 personas, la anterior jefa de Estado (2007-2015) y a quien fuera canciller de su Gobierno Héctor Timerman, para quienes requirió la inhibición (bloqueo) general de bienes preventiva y la prohibición de salida del país.
En un dictamen de más de 250 páginas, el representante del Ministerio Público Fiscal los acusa de una "grave violación a los derechos humanos al resultar configurativa de un encubrimiento por favorecimiento personal agravado por tratarse el hecho precedente de un delito de lesa humanidad".
Nisman, cuya muerte sigue sin esclarecerse, era el fiscal de la investigación del atentado contra la mutua AMIA -que dejó 85 muertos y sigue impune-, y creía que un acuerdo firmado en 2013 entre Argentina e Irán para investigar conjuntamente el atentado buscaba en verdad encubrir a los sospechosos para favorecer el intercambio comercial, algo que la exmandataria y su entorno siempre han negado.
"El accionar criminal denunciado fue orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior Gobierno, puntualmente por la expresidenta y el exministro, quienes a su vez contaron con la colaboración activa de distintos funcionarios públicos", remarca Pollicita en su dictamen.
El fiscal apunta a que la "maniobra" investigada requirió de "canales paralelos de comunicación y negociación, no oficiales" y señala que el acuerdo con Irán pretendía que las restricciones que afectaban la libertad de los acusados fueran "removidas, suspendidas o morigeradas", por lo que las circulares rojas emitidas por Interpol para 5 de los 8 imputados "ya no tendrían razón de ser".
Ese memorándum nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema.
Tradicionalmente, la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá la planificación del atentado, que fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, que también sigue sin esclarecer.
Más de dos décadas después del ataque a la AMIA, nadie cumple condena por lo sucedido: solo un proceso juzga a 12 personas, entre ellas el expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999), por numerosas irregularidades detectadas en el primer juicio abierto por el atentado, que concluyó con la declaración de nulidad de toda la investigación y la absolución de los policías acusados.
Asimismo, el listado de imputados por el ataque lo integran varios ex altos funcionarios iraníes, entre ellos el ex presidente Alí Akbar Rafsanjani -fallecido en enero de 2017- y el ex ministro de Exteriores Alí Akbar Velayatí, pero hasta ahora Irán no ha colaborado con su extradición a argentina.
Desde enero de 2015, la denuncia por encubrimiento realizada por Nisman ha pasado de ser desestimada por "inexistencia de delito" -en los primeros meses de 2015-, a ser reabierta a finales de 2016, cuando fue adjudicada, primero al juez Ariel Lijo y posteriormente a Bonadio, quien ya dirige otras acusaciones contra Fernández y es uno de los jueces más criticados por ella.
El magistrado pidió quedarse con la causa para poder agruparla a otro expediente, de similares características, que investiga el delito de "traición a la patria" y que ya tramita en su juzgado.
Actualmente, la ex jefa de Estado, que es candidata al Senado por la provincia de Buenos Aires para las elecciones del próximo 22 de octubre, está acusada por la Fiscalía en varias causas y procesada en tres, dos de ellas por presuntos delitos de corrupción.
