Indagatoria busca aclarar si la ex presidente intervino a favor los iraníes que atacaron la AMIA.
Petición del magistrado también alcanza al ex canciller Héctor Timerman.
La ex presidenta argentina deberá entregar los documentos en la causa iniciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman.
Un juez argentino pidió revisar este jueves los antiguos correos electrónicos de, entre otros, la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), como parte de la causa en la que es investigada por el presunto encubrimiento de terroristas iraníes, iniciada en 2015 por el fiscal Alberto Nisman poco antes de morir.
Fuentes del caso explicaron a Efe que el magistrado encargado, Ariel Lijo, hizo lugar a una petición del fiscal Gerardo Pollicita para que se presenten los correos enviados y recibidos desde la cuenta oficial de la ex jefa de Estado y de otros ex altos cargos y se recuperen aquellos que fueran eliminados, entre enero de 2011 y diciembre de 2015, en la segunda presidencia de Fernández.
La orden de Lijo afecta también, entre otros, al exministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman -cuya petición de documentación fue cursada a la Cancillería argentina-, y a la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, solicitada a la Procuración del Tesoro.
En el caso de la exmandataria, así como del exsecretario general de la Presidencia (2013-2014) y exjefe de Inteligencia (2014-2015) Oscar Parrilli y el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini (2003-2015), la petición fue realizada a la Casa Rosada, sede del Gobierno.
La documentación deberá ser entregada a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que será la que lo remitirá a la fiscalía de Pollicita.
Además, también se pidió acceder a los sistemas de mensajería interna de los tres organismos y la Fiscalía de Lijo pidió autorización para que más adelante se pueda ordenar desde el juzgado información sobre llamadas telefónicas.
Los antecedentes de la polémica denuncia
La causa trata de dilucidar si, como denunció Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en su casa en circunstancias aún por esclarecer, el Gobierno de Fernández encubrió a presuntos terroristas iraníes responsables del atentado a la sede de la mutual judía AMIA de Buenos Aires en 1994 a cambio de mejorar las relaciones comerciales con el país persa.
El difunto fiscal creía que un memorándum de entendimiento acordado entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba, en realidad, todo lo contrario: evitar el juicio a varios de los sospechosos de planear el ataque, algo que el kirchnerismo siempre ha negado.
Ese convenio nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema.
Aunque después de la muerte de Nisman, la denuncia de encubrimiento había sido desestimada por "inexistencia de delito", a finales de 2016 la Justicia ordenó reabrirla y se asignó el caso a Lijo y a Pollicita.
