Causa analiza la eventual donación ilegal de farmacéuticas por unos 59.000 dólares.
El tribunal procesó a ex funcionarios públicos y empresarios del sector.
Según el tribunal existió "una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia delictiva" para la campaña de la ex Presidenta.
La Justicia argentina confirmó el procesamiento de ex funcionarios y empresarios farmacéuticos en una causa que investiga el presunto lavado de dinero mediante donaciones a la campaña electoral de 2007 de la ex presidenta Cristina Fernández, informaron fuentes judiciales.
La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal consideró que existió "una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia delictiva" en una resolución publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ).
Este operativo se concretó con "la entrega, recepción y puesta en circulación de los fondos aportados a la campaña presidencial del año 2007 del Partido Frente Para la Victoria" de Fernández, según el tribunal.
Por ese motivo, ratificó los procesamientos de Héctor Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud (2006-2008) kirchnerista, y Sebastián Gramajo, ex legislador y responsable político de la campaña electoral, al entender que fueron los encargados de "procurar y recibir" el dinero, que conocían su origen ilícito y que "operaron conjunta y dolosamente en la concreción de la maniobra".
Asimismo, se revocó el sobreseimiento de Hernán Diez, quien fuera responsable económico y financiero de la campaña y director de Lotería Nacional, porque, según la resolución, "no era creíble" que desconociera "los pormenores" de lo que sucedía.
La Justicia también confirmó el procesamiento de varios directivos de las empresas farmacéuticas implicadas en el caso -Multipharma, Sanfor Salud y Global Pharmacy-, de las cuales, según la investigación, procedían los fondos.
La causa analiza la maniobra por la que las farmacéuticas donaron a la campaña presidencial del año 2007 de Fernández unos 886.000 pesos (59.000 dólares al cambio actual) pese a que, según la investigación de Lijo, ninguna de las tres empresas contaba con capacidad económica suficiente para hacer frente a los pagos.
