La ex presidenta es investigada por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Además fueron procesados el empresario Lázaro Báez y los ex ministros Julio De Vido y José López.
Juez ordenó un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares) de Fernández
La Justicia argentina determinó este martes el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato, informaron fuentes judiciales.
Sin bien la ex jefa de Estado ya suma otro procesamiento por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su gestión, es la primera vez que es procesada por una causa relacionada con delitos de corrupción.
El expediente, dirigido por el juez Julián Ercolini y por el que Fernández declaró como investigada en octubre, se estudia un supuesto esquema de "beneficios exclusivos" a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por otra caso por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.
Ercolini ordenó, además, un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares) de Fernández y el procesamiento de, entre otros, Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y del ex secretario de Obras Públicas José López.
La Fiscalía ya había apuntado a un presunto delito de "administración infiel" y de negociaciones incompatibles con la función pública, al tiempo que vio indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz que beneficiaron a Báez.
En una resolución de casi 800 páginas, el juez ordenó el procesamiento de Fernández como "coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".
El magistrado señaló que "se encuentra acreditado" que además de Fernández, De Vido, López y Báez, el ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina, Nelson Periotti, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner -todos procesados-, "y otras personas cuya intervención aún no se encuentra acreditada", habrían formado parte de una asociación que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015.
"Destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz", remarca el dictamen.
En el caso de la ex jefa de Estado, Ercolini señala que "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de Gobierno y responsable política de la administración general del país".
A su salida de los tribunales cuando fue llamada a declarar, Fernández reiteró que se siente víctima de "una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático" puesta en marcha por el actual Ejecutivo, encabezado por Mauricio Macri.
En su opinión, de esa forma el actual presidente intenta "tapar el desastre económico y social que tiene la Argentina".
