Mientras unos la califican como "un desafío para los próximos años", otros esperan solo se trate de "un hecho excepcional".
Cristina Fernández adelantó que no responderá a las represalias anunciadas por el Gobierno español.
Diferencias entre los dos grupos empresariales más importantes de Argentina generó la decisión tomada hace cinco días por la presidenta Cristina Fernández de expropiar el 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol.
Los
empresarios alineados en la Unión Industrial Argentina (UIA), respaldaron la decisión del Gobierno porque consideran favorable para el país tener una política de Estado en materia de hidrocarburos, mientras que la Asociación Empresaria Argentina (AEA) considera debe ser un hecho excepcional para que no afecte la inversión extranjera directa.
El presidente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, respaldó la decisión oficial señalando que "vamos en la dirección de tener una política de Estado" que "representa un desafío para los próximos años", a lo que añadió su deseo de contar con "una Petrobras argentina" en el futuro.
Por su parte, la AEA -en un comunicado- señaló que "en una sociedad democrática moderna, un rol decisivo del Estado es el de asegurar un marco de previsibilidad, de reglas de juego y de respeto a los contratos que permitan a las empresas privadas desarrollar inversiones, generar empleos, introducir innovaciones y ganar mercados externos", por lo que expresó su deseo de que la expropiación sea un "hecho de excepción".
Esta última entidad espera que la expropiación se haga respetando "la Constitución que en su artículo 17 requiere que sea por causa de utilidad pública calificada por una ley y previamente indemnizada".
Cristina Fernández, por su parte, garantizó este viernes que -por respeto a la "soberanía" de España- no responderá a las represalias anunciadas por el Gobierno español que han limitado las importaciones de biodiésel de Argentina.
