El viaje se realizará entre los días 20 y 30 de abril.
La ex mandataria necesita la autorización de los otros dos juzgados que mantienen causas en su contra para salir de Argentina.
Florencia, de 28 años, está siendo tratada en La Habana por los "problemas de salud" provocados por la "persecución feroz" a la que la somete la Justicia.
Uno de los tribunales argentinos que tiene causas abiertas contra la ex presidenta Cristina Fernández la autorizó este martes a viajar a Cuba para ver a su hija Florencia, que permanece ingresada en una clínica de La Habana desde el pasado marzo.
El viaje se realizará entre los días 20 y 30 de abril, como había solicitado la también senadora en su petición del pasado jueves.
Con el permiso del tribunal titular de la causa "Los Sauces", que se pronunció este martes, la ex mandataria necesita la autorización de los otros dos juzgados que mantienen causas en su contra, aunque desde su defensa consideran que "no habrá contradicciones" entre los tribunales.
El pasado 14 de marzo, cuando viajó por primera vez a ver a su hija, Fernández explicó que Florencia, de 28 años, estaba siendo tratada en La Habana por los "problemas de salud" provocados por la "persecución feroz" a la que la somete la Justicia, que acusa a ambas de corrupción.
Estado de salud de Florencia
Florencia Kirchner, hija de Fernández y el fallecido ex gobernante argentino Néstor Kirchner, viajó el pasado febrero a la isla para realizar un curso para guionistas de cine, pero tras el vuelo "su estado de salud se había deteriorado sensiblemente" y al momento de evaluarla le prohibieron viajar en avión.
En la publicación de Twitter donde compartió la noticia, adjuntó una fotografía del informe médico del Cimeq, el prestigioso hospital donde se atendieron los fallecidos Fidel Castro y Hugo Chávez, que señala como "diagnóstico principal" trastorno de estrés postraumático.
Según el centro médico, todavía no ha terminado el "estudio integral" de la paciente, que recibe "tratamiento fisioterapéutico diario".
Florencia Kirchner está acusada junto a su hermano, Máximo, y su madre, entre otros, en dos causas -ambas elevadas ya a juicio aunque sin fecha de comienzo- por presunto lavado de activos y asociación ilícita, en relación con las operaciones que empresas de la familia realizaron con adjudicatarios de obra pública durante su Gobierno.
