La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento en una causa de lavado de activos, y en otra por la firma de un memorando con Irán.
La vicepresidenta argentina podría ser sometida a juicio oral en ambas investigaciones.
Uno de los casos se relaciona con el atentado de AMIA en 1994, que sigue impune.
Un tribunal de alzada de Argentina falló este lunes en contra de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en dos bulladas causas: una por presunto lavado de dinero y otra por la firma de un memorando con Irán durante su gobierno (2007-2015), por las que podría ser sometida a juicio oral.
La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta dictado en noviembre de 2021 por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 en la denominada causa Hotesur-Los Sauces.
Hotesur y Los Sauces son dos procesos similares, por lo que fueron unificados, relacionados con supuesta corrupción y lavado de dinero en la familia Kirchner.
La causa Hotesur recibe el nombre de la empresa participada por la expresidenta y sus dos hijos, Máximo y Florencia, que administraba varios hoteles en la provincia sureña de Santa Cruz, y que la Justicia sospechaba que servían, mediante la contratación de habitaciones que quedaban vacías, para darle una apariencia legal a sobornos de empresarios.
En Los Sauces estaban involucrados los mismos empresarios cercanos a los Kirchner, que presuntamente también pagaron arriendos de propiedades administradas por esa firma participada por los Kirchner, como retorno de las adjudicaciones de obra pública que recibieron entre 2003 y 2015.
En otro fallo también adverso para la expresidenta, el mismo tribunal revocó el sobreseimiento de Cristina Fernández en la causa por la que era investigada por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán.
El acuerdo -que en Argentina se declaró inconstitucional y en Irán no se llegó a convalidar- pretendía establecer una investigación conjunta del atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, cuya autoría está atribuida al grupo Hizbulá y a exaltos cargos iraníes.
La causa investigaba el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del ataque, ocurrido en 1994, que dejó 85 muertos y sigue impune, mediante un pacto entre el Ejecutivo de Fernández con el gobierno del país persa.
Esta comenzó a investigarse tras una denuncia del fiscal Alberto Nisman, que a los pocos días de hacerla pública apareció en su apartamento con un disparo en la cabeza, una muerte que aún no ha sido esclarecida y genera gran polémica en el país.
