Lourdes Arrieta divulgó un proyecto que busca excarcelar a quienes lleven más de 20 años tras las rejas.
"No voy a renunciar", planteó la legisladora ante las críticas en su contra.
La polémica por la visita hecha recientemente por legisladores de La Libertad Avanza (ultraderecha) a militares presos por crímenes de lesa humanidad vivió un nuevo capítulo en las últimas horas: una diputada libertaria divulgó un presunto proyecto de ley con el que sus correligionarios buscaban dejarlos en libertad.
La diputada oficialista Lourdes Arrieta, quien participó el 11 de julio pasado en la visita a condenados por represión durante la última dictadura argentina (1976-1983), denunció este lunes que le dijeron que era "una visita de carácter humanitario" e "institucional" y "nunca" pensó que eran "detenidos por crímenes de lesa humanidad".
Según relató en Radio con Vos, acudieron como diputados de la Nación convocados por "gente que estaba metida y coludida queriendo llevar adelante este tipo de proyectos".
Las intenciones del oficialismo quedaron en duda, tras la foto de los seis diputados en la cárcel federal de la localidad bonaerense de Ezeiza con exmilitares y exmiembros de las fuerzas de seguridad condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura, entre ellos, Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Carlos Suarez Mason (hijo) y Adolfo Donda.
En las últimas horas, Arrieta desveló en su cuenta oficial de X el borrador de un presunto proyecto de ley compartido en un chat de WhatsApp con varios correligionarios, en el que, entre otros detalles, se señala que "transcurridos 20 años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo", se considerará "inconstitucional la prolongación indefinida de los procesos".
También se fija en 25 años "el plazo máximo que tendrá el Estado para arribar a una sentencia definitiva en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada a una persona".
"No sabemos qué otro tipo de vínculos o intereses puede haber detrás de todo esto, que está realmente perjudicando la imagen del presidente (del país, Javier) Milei", perteneciente a ese partido, agregó Arrieta, quien señaló: "Tengo miedo por mi vida".
La legisladora respondió que no está "en su agenda" avalar a los represores, sino que la subieron a un transporte de Diputados para hacer la visita y, tras el escándalo, pidió explicaciones al presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Martín Menem, de quien sugirió que no podía no estar al tanto.
Sus pares le pidieron que se callara, hasta que explotó "como un ser humano" en una reunión del bloque el miércoles pasado, cuando decidieron echarla del espacio y la "acorralaron", dijo y, en reacción, publicó en redes los chats.
"No voy a renunciar a la Cámara de Diputados", dijo Arrieta.
Pese a tratarse de la formación política de Milei, el portavoz presidencial Manuel Adorni, dijo este lunes en rueda de prensa que "es un tema del Poder Legislativo" y "una agenda de la diputada" y recalcó que la denuncia por presunta violencia de género por el trato en la reunión del bloque oficialista "fue desestimada" por la Justicia.
"No nos metemos más allá de que nos pueda parecer más o menos desafortunado lo que ha ocurrido", afirmó.
