El veredicto del juicio por el Plan Cóndor, el primero que investiga en Latinoamérica a los responsables de la represión coordinada entre las dictaduras militares del Cono Sur, se dará a conocer el viernes en Buenos Aires tres años después de la primera audiencia.
Entre las 106 víctimas de esta causa, hay 45 uruguayos, 22 chilenos, 15 paraguayos, 13 bolivianos, 10 argentinos y un ecuatoriano, de los cuales la gran mayoría (90) fueron secuestrados en Argentina, aunque también hubo desapariciones en Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil.
"Es una oportunidad histórica para las víctimas y sus familiares, que en muchos casos no pudieron acceder a la Justicia en sus países de origen", apuntó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un comunicado en el que recordó que lo que sí hubo fue algunos juicios sobre operaciones específicas del Cóndor, sobre todo en Chile y Uruguay.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la capital argentina dará a conocer la sentencia en el primer juicio oral por el "Plan Cóndor" que, después de 16 años de tramitación y tres de audiencias, aborda la asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para realizar secuestros coordinados, reveló el CELS, que actúa como querellante en la causa.
Asimismo, según indicó el Centro de Información Judicial (CIJ), se revelará el veredicto del segundo tramo de la causa "Automotores Orletti" en la que se investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura argentina (1976-1983), especialmente contra ciudadanos uruguayos.
La primera querella por el "Plan Cóndor" fue presentada en 1999, cuando en Argentina seguían vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que ponían un límite a las investigaciones de los delitos cometidos por el terrorismo de Estado en el periodo dictatorial y se habían dictado los indultos.
Querellantes afirmaron que esta es "una oportunidad histórica para las víctimas y sus familiares". (Foto: Agencia UNO)
En esa querella inicial, los acusados eran todos los jefes de Estado de los gobiernos de facto de la región, no solo los argentinos, y aunque se intentó extraditar a los de Chile y Paraguay, el proceso quedó limitado a imputados argentinos que ocupaban jefaturas medias, con la excepción del uruguayo Manuel Juan Cordero Piacentini.
La etapa final del juicio actual, iniciado en marzo de 2013, comenzó a mediados del año pasado, cuando finalizó el debate que involucró más de 200 testimonios y tras el cual los representantes del Ministerio Público Fiscal y de las querellas pudieron replicar los alegatos.
El largo camino para llegar a la recta final
Según el Ministerio Público Fiscal argentino, el juicio había comenzado con 22 acusados pero cinco murieron -entre ellos, el dictador Jorge Rafael Videla- o fueron apartados del debate por razones de salud desde el comienzo del juicio.
El tribunal, compuesto por los jueces Adrián Grünberg, Oscar Amirante, Pablo Laufer y Basílico, notificará mañana el veredicto del juicio en el que el CELS ha pedido penas de entre cinco y 25 años de cárcel para 12 acusados, mientras que la Secretaría de Derechos Humanos, también querellante, ha solicitado prisión perpetua para dos de los imputados.
Para el resto de los acusados, entre los que se encuentra el ex presidente de facto argentino Reynaldo Benito Bignone (1982-1983), la Secretaría ha solicitado entre 20 y 25 años de prisión.
