El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que preparan nuevas medidas económicas.
"No voy a negar dificultades (...) Hay una desaceleración brutal", afirmó.
"El gobierno va a poner su parte, que los empresarios también pongan su parte", señaló.
El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, admitió este miércoles que el conflicto abierto con fondos especulativos por el pago de deuda soberana en mora desde 2001 afecta al país y anunció que preparan nuevas medidas económicas.
"Esa es una batalla que por supuesto afecta a la Argentina pero tiene implicancias para el sistema financiero mundial muy complejas", dijo Kicillof en Radio del Plata.
"No voy a negar dificultades. Las dificultades reales, como lo es el crecimiento del comercio internacional a un 2,1 por ciento el primer trimestre del año, cuando era del 4 por ciento en 2013. Hay una desaceleración brutal. Donde haya un problema va a haber un gobierno activo desde lo económico para que no se pierdan puestos de trabajo", aseguró.
El titular del Palacio de Hacienda señaló que las exportaciones argentinas a Brasil, el principal socio comercial, descendieron un 18 por ciento y también retrocedieron las ventas a China y Estados Unidos durante el primer trimestre de 2014, pero negó que esa caída sea responsabilidad del gobierno.
Kicillof pidió a los empresarios argentinos que tengan responsabilidad y les preguntó si "ahora van a usar a los buitres para no invertir".
"El gobierno va a poner su parte, que los empresarios también pongan su parte", señaló después de anticipar que su equipo prepara "nuevos anuncios dedicados a la economía doméstica".
Fallo "incomprensible" y "escandaloso"
Además, el ministro de Economía argentina calificó de "incomprensible" y "escandaloso" el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa a favor del 1 por ciento de los acreedores que denunciaron a Argentina para cobrar el importe íntegro de la deuda.
Griesa mantiene bloqueado el último pago del gobierno de Cristina Fernández a los tenedores de bonos que aceptaron reestructurar su deuda con quitas de hasta el 60 por ciento (92,4 por ciento de los acreedores) hasta que el país suramericano pague también a los fondos demandantes 1.300 millones de dólares más intereses.
El Ejecutivo de Fernández sostiene que no puede cumplir el fallo porque desencadenaría un aluvión de demandas de los bonistas de deuda reestructurada, ya que una cláusula en el contrato del canje les permite reclamar si el país suramericano mejora su oferta a otros acreedores antes de 2015.
