Cristóbal López es acusado de una evasión de impuestos millonaria entre 2013 y 2015.
La causa se inició en 2008 a partir de una denuncia realizada por la diputada Elisa Carrió,
El empresario argentino Cristóbal López se entregó a la justicia después de que un juez ordenase este martes su detención por una presunta evasión de impuestos millonaria entre 2013 y 2015, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El dueño del Grupo Indalo, tras pasar unas horas prófugo, se entregó anoche en el Edificio Centinela de la Gendarmería, en Buenos Aires, confirmaron fuentes oficiales citadas por medios locales.
El juez Julián Ercolini ordenó ayer la detención de López y su socio Fabián De Sousa -que ya fue arrestado el martes- por entender que ambos violaron "deliberadamente las medidas cautelares impuestas" en el expediente en el que se les acusa de no haber pagado unos 8.000 millones de pesos (unos 454 millones de dólares) en concepto de impuestos.
Además de dictar sobre ellos un millonario embargo, procesó sin prisión preventiva al exjefe del Fisco (2008-2015) y ex auditor general de la Nación (2016) Ricardo Echegaray, por su supuesta connivencia en la maniobra.
En la causa se investiga también a diversos ex funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) -que ocuparon cargos durante el kirchnerismo a las órdenes de Echegaray- por posibles maniobras para favorecer "ilegítimamente" a los empresarios de la firma Oil Combustibles S.A, perteneciente al conglomerado Indalo, presidido por López y .
Según la investigación, la Afip se prestó a irregularidades en el otorgamiento de planes de facilidades de pago respecto del Impuesto a los Combustibles Líquidos que la firma debía ingresar al Fisco y que, en cambio, utilizó para expandir y capitalizar el conglomerado económico Grupo Indalo.
En concreto, se acusa a los procesados de adeudar 8.000 millones de pesos argentinos (alrededor de 454 millones de dólares).
Los hechos investigados van de mayo de 2013 a diciembre de 2015, cuando Echegaray abandonó la cabecera de la Afip por el cambio de Gobierno.
La causa se inició en 2008 a partir de una denuncia realizada por la diputada Elisa Carrió por presunta asociación ilícita contra el expresidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010, funcionarios de Gobierno y un grupo de empresarios, entre ellos López, De Sousa y Lázaro Báez, que ya fue detenido hace año y medio en otra causa por presunto lavado de dinero.
No obstante, López está afectado por multitud de expedientes, algunos por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante el Gobierno de Fernández.
Junto a Báez y la propia ex mandataria está acusado de formar una asociación ilícita por los supuestos negocios irregulares cometidos en torno a esas concesiones.
