El submarino desapareció en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo y fue hallado un año después, en el fondo del Atlántico.
La jueza Marta Yáñez indagará a los uniformados por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Una jueza argentina imputó por primera vez a tres miembros de la Armada y los citó a declarar en la investigación de la tragedia del submarino ARA San Juan, que desapareció en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo y fue hallado un año después hundido en el fondo del Atlántico, informaron fuentes judiciales.
"La jueza llamó a indagatoria a tres oficiales de la Armada en actividad que han tenido alguna relación con el submarino por aquellos días", expresaron las fuentes a la agencia estatal de noticias Télam.
En concreto, la magistrada del caso, Marta Yáñez, encargada del juzgado federal de Caleta Olivia, en la sureña provincia de Santa Cruz, investiga por el delito de "incumplimiento de deberes de funcionario público" al jefe de Logística, Jorge Sulia; el jefe de Operaciones, Hugo Miguel Correa y el jefe de estado mayor del Comando de la fuerza Submarinos, Héctor Aníbal Alonso, que tendrán que declarar a lo largo de la próxima semana.
Estos son los primeros convocados como investigados en la causa.
En la madrugada del 17 de noviembre de 2018, un año y dos días después de perderse su rastro y tras una intensa búsqueda que contó con ayuda de multitud de países, la empresa estadounidense Ocean Infinity localizó en el fondo del Atlántico los restos del ARA San Juan -submarino de la Armada Argentina- a 907 metros de profundidad, desmembrados en varias partes que nunca fueron reflotados.
El lugar donde se encontró el buque, a 500 kilómetros de la costa, coincidía con la zona desde la que se comunicó por última vez el comandante, cuando alertó de que se había producido un principio de incendio en las baterías, un problema que según las autoridades fue resuelto y el submarino pudo seguir su viaje.
Esta situación se sumó a la detección con sensores, por parte de agencias internacionales, de una "anomalía hidroacústica" consistente con una explosión en la zona donde la nave se reportó por vez última.
Además de la investigación judicial para determinar lo ocurrido, en el Parlamento se llevó a cabo una comisión investigadora que el pasado 18 de julio culminó con un informe que determinó que hubo "responsabilidades compartidas" en la cadena de mando de la Armada.
"Muchos quieren que se indique un autor, que exista alguien a quien condenar, pero aquí hay varias responsabilidades compartidas. Vimos más preocupación por deslindar estas responsabilidades que por asumirlas en todos los estamentos", dijo José Ojeda, uno de los 12 legisladores que lideraron la investigación.
En medio de los reclamos de justicia por parte de los familiares de las 44 víctimas mortales, la investigación parlamentaria concluyó que dos de las situaciones que potenciaron el siniestro fueron "la falta de determinación en los procedimientos y roles de emergencia en navegación" y "el inadecuado manejo de la emergencia durante las horas críticas desde las bases operativas".
Por ello, el equipo de legisladores propuso un "serio replanteo" del sistema de defensa, así como reconsiderar la inversión que se hace en el "adiestramiento y mantenimiento de los medios militares".
