El gobierno de Javier Milei criticó la huelga universitaria de este jueves y la toma de facultades en buena parte del país, después de que el Congreso no consiguiera los votos necesarios para salvar del veto presidencial a la ley de financiamiento de la educación superior.
"Es un delito tomar una universidad como lo es tomar cualquier edificio. Entendemos que el espacio para discutir los fondos de las universidades es el Presupuesto 2025, y estamos a instantes de iniciarla", resaltó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
El presupuesto del año próximo, enviado al Parlamento el 15 de septiembre por el Ejecutivo, presenta una merma del 0,3% en Educación, y una reducción del 4,5% destinado al financiamiento de las universidades.
Este proyecto gubernamental elimina la obligación de destinar al menos el 6% del PBI al sistema educativo.
Según Adorni, la ley vetada hubiera roto el equilibrio fiscal que viene pregonando el gobierno de Milei, aunque la Oficina de Presupuesto del Congreso ha indicado que el impacto sería del 0,14% del PBI, unos 757,7 millones de dólares.
"El equilibrio fiscal es política de Estado y es inamovible. La rotura de eso implicaría que los argentinos seamos más pobres. Era lo que pasaba, en la teoría había más pesos para todos pero menor poder adquisitivo para nuestros bolsillos", insistió el vocero.
LOS DOCENTES EVALÚAN SU PLAN DE LUCHA
Sindicatos, docentes y estudiantes llevan adelante este jueves un paro de 24 horas, que incluye la toma de facultades en protesta por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
Esta ley establecía actualizaciones para el funcionamiento de las casas de estudios con base en el índice de inflación, que se ubicó en el 209% interanual en septiembre.
La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) indicó en un comunicado que tras la huelga, los gremios educativos de Argentina mantendrán un plenario para analizar "la continuidad del plan de lucha" contra el gobierno.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que aglutina las universidades argentinas, remarcó en un comunicado que "el sistema universitario público tiene el 70% de los salarios por debajo de la línea de la pobreza. Las partidas asignadas no son suficientes para el mantenimiento mínimo de la infraestructura y están paralizadas las obras".
También destacó que está en peligro la continuidad de becas universitarias y que hay falta de inversiones en investigación, ciencia y tecnología.
