Casi una semana después de firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con que el pretende acometer la desregulación económica de Argentina, el presidente Javier Milei y su gabinete se enfrentan a una cascada de demandas judiciales en contra de la medida.
La primera acción judicial se presentó al día siguiente de que Milei anunció en cadena nacional de radio y televisión la batería de más de 300 reformas de leyes y normas que contiene el decreto, que tendrá que aprobarse en el Congreso de la Nación, donde la ultraderecha oficialista carece de apoyo parlamentario suficiente.
Varias organizaciones sociales y sindicales plantearon la nulidad del decreto 70/2023 al considerar que no existe la emergencia aducida por el Ejecutivo a la hora de tomar estas severas medidas económicas.
Desde entonces, el goteo de demandas y peticiones de inconstitucionalidad al decreto de Milei ha ido incrementándose: algunos de los denunciantes, como el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, aseguran que el presidente está intentando "sustituir la función legislativa del Congreso y violar la división de poderes".
En el mismo sentido se han pronunciado otros denunciantes, que han acusado al Gobierno de "pretender avanzar con una estrategia de demolición sobre la sociedad argentina", y han solicitado que se suspendan los efectos del DNU por ser "inconstitucional y antidemocrático".
"LOS DESTRUCTIVOS DE SIEMPRE"
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, consideró que el decreto de desregulación económica es "completamente legítimo".
"¿Que puede llegar a haber reparos de los destructivos de siempre o de sectores que consideran de alguna manera que se les acabó el privilegio? No tengo dudas", reconoció Cúneo en una entrevista con el diario Clarín.
El ministro aseguró que la Justicia tendrá que "analizar en forma imparcial" el DNU y reiteró que él "no le tiene miedo a (que se determine) la ilegalidad".
De momento, los recursos presentados contra el decreto empezarán a tramitarse en el Fuero Contencioso Administrativo, aunque el decreto podría enfrentarse a demandas en otros tribunales del país.
En boca de todos está el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de Argentina, que eventualmente podría fallar en contra del decreto.
Hasta ahora, la Corte Suprema se ha pronunciado en dos ocasiones acerca de los decretos de necesidad y urgencia, refiriéndose en particular a la necesidad de que éstos sean validados por el Congreso de la Nación y de que el Gobierno los emplee con carácter "excepcional".
Mientras tanto, el Ejecutivo continúa buscando aliados en la Cámara de Diputados, principalmente entre los de la coalición centroderechista Juntos por el Cambio, cuya excandidata presidencial, Patricia Bullrich, es ahora la ministra de Seguridad del Gobierno de Milei.
En las calles, varias organizaciones sociales, como la Confederación General del Trabajo (CGT) -la mayoritaria entre los trabajadores argentinos y de orientación peronista- ya han convocado nuevas movilizaciones esta semana contra el decreto de Milei, que fue recibido el miércoles pasado con sonoros "cacerolazos" en las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país.
Sancionado el miércoles pasado por el mandatario ultraliberal, aún no está claro cuando entrará en vigencia esta reforma total de la maltrecha economía argentina, que propone -entre otras muchas medidas- la privatización de más de 60 empresas públicas, la derogación de leyes como la de alquileres o autorizar la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas.
