El escape del contaminante ocurrió en 2015 en la mina Veladero, fronteriza con Chile.
Están acusados dos ex secretarios de Estado y una subsecretaria de Argentina por omisión de control.
Un magistrado argentino elevó ayer jueves a juicio el caso en el que se investiga un derrame de cianuro ocurrido en 2015 en la mina de Veladero, fronteriza con Chile y explotada por la canadiense Barrick Gold, en el que están acusados dos exsecretarios de Estado y una subsecretaria por omisión de control.
Según informaron fuentes judiciales, Sebastián Casanello declaró la clausura de la instrucción y en consecuencia su elevación a la fase oral -a fecha todavía sin determinar- respecto del exsecretario de Medio Ambiente Sergio Lorusso y el de Minería Jorge Mayoral; y la exsubsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación Beatriz Domingorena.
Están acusados del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A lo largo de la investigación, el juez corroboró "una serie de omisiones" por parte de los procesados, que permitieron "espacios de discrecionalidad indebidos" en la actividad desarrollada por Barrick Gold en la mina a cielo abierto de oro y plata de Veladero, ubicada en la provincia de San Juan.
"Actividad que por su enorme riesgo debía ser objeto de un profundo y minucioso control", añadió Casanello en su resolución.
Esa supuesta ausencia de control es entendida por el magistrado como una "premisa necesaria" para comprender el derrame de un 1,07 millones de litros de solución cianurada en septiembre de 2015, que habría contaminado los ríos Potrerillo, De las Taguas, La Palca, Blanco, dique Cuesta del Viento y Jáchal.
En el expediente se destaca que tanto la Secretaría de Ambiente como la de Minería tenían poder de intervención en la mina Veladero.
"Se concluyó que habría existido, por parte de los funcionarios federales imputados, falta de precaución, principio fundamental que debe regir en materia ambiental", subrayó el juez.
Ya hace unos meses las defensas de los acusados, que integraban el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), habían apelado el procesamiento y el embargo dictado sobre ellos, alegando que sus responsabilidades no abarcaban el control de la mina en la que sucedieron los hechos.
Mientras la Justicia Federal se está encargando de investigar a los exaltos cargos nacionales, la Justicia provincial de San Juan hace lo propio con los directivos de la empresa y los funcionarios del Gobierno provincial por la posible violación a la Ley de Residuos Peligrosos.
No obstante, además de este vertido, ocurrido por un fallo en el circuito de transporte, desde entonces la minera ha protagonizado otros incidentes de derrame de sustancias contaminantes.
