La CIJ decidió que Uruguay puede continuar sus trabajos para levantar las dos plantas en disputa y que el país trasandino había pedido suspender ante un posible daño ambiental.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, decidió este jueves que Uruguay puede continuar la construcción de dos plantas papeleras en el río que sirve de frontera con Argentina y rechazó la petición trasandina de que se suspendan de inmediato los trabajos.
"Argentina no ha convencido a la corte de que las papeleras causarán un daño irreparable al medio ambiente", señaló la presidenta del tribunal, Rosalyn Higgins, al dar lectura a la decisión.
El proyecto, avaluado en 1.900 millones de dólares, que creará 600 empleos e incrementará las exportaciones papeleras uruguayas hasta en un 15 por ciento es la mayor inversión extranjera en la historia del país.
Según Argentina, la actividad de las dos papeleras causará un grave daño medioambiental al río, mientras que Montevideo niega ese perjuicio y resalta la importancia económica de esas dos instalaciones para su país.
La decisión del CIJ señaló que la construcción de la planta de extracción de celulosa no significaba una amenaza inmediata e irreversible al medio ambiente y que las obras podrán continuar mientras los jueces analizan los riesgos potenciales de las plantas que no estarán operativas hasta agosto de 2007 y junio de 2008.
Por ello, "la Corte no va a pedir en este momento la suspensión de las obras", añade el fallo, que explica que "las circunstancias no son como para emitir medidas provisionales".
Higgins destacó que es necesario tener en cuenta el interés de las partes en mantener la calidad del agua del río Uruguay para asegurar el desarrollo económico y la calidad de vida.
Ante esto, la corte advirtió a Uruguay que corre el riesgo de que la CIJ eventualmente decida que las plantas son ilegales.
Tras años de conflicto sobre este tema sin conseguir una solución bilateral, en mayo de 2006 Argentina decidió elevar el litigio ante la CIJ, creada en 1946 por la Asamblea General de la ONU para dirimir en contenciosos entre Estados.
El pasado 8 y 9 de junio, Argentina y Uruguay presentaron ante los jueces de la Corte sus argumentos a favor y en contra de dar vía libre al emplazamiento de las papeleras.
Argentina encontró la base jurídica de su denuncia contra Montevideo en el denominado Estatuto del Río Uruguay, tratado suscrito por ambos países en 1975.
El artículo 60 del mencionado Estatuto estipula que "toda controversia acerca de la interpretación o aplicación del Tratado y del Estatuto que no pudiera solucionarse por negociaciones directas, podrá ser sometida, por cualquiera de las partes, a la Corte Internacional de Justicia".
La violación de ese tratado se produjo, según Argentina, porque Uruguay autorizó unilateralmente la construcción de las dos papeleras, propiedad de la firma española Ence y la finlandesa Botnia, en lugar de hacerlo bajo la gerencia común entre los dos países, como lo estipula ese acuerdo. (EFE)
