El monto se remonta a 2001 y asciende a 292 millones de pesos argentinos, lo que equivale a 292 millones de dólares de aquella época.
Durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) la empresa se privatizó y quedó en manos de una de las corporaciones del ex mandatario argentino.
La Justicia argentina decretó este martes la "intervención plena" del Correo Argentino por irregularidades en la negociación en 2016, durante el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), de una deuda con el Estado contraída cuando la empresa era administrada por el padre del ex mandatario.
Según el dictamen publicado hoy, la intervención se prolongará "hasta que concluya el procedimiento de rescate" de la compañía.
En 2016 el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago de deuda, que en 2017 la fiscal Gabriela Boquín indicó que "equivale a una condonación" de la deuda "y debe considerarse abusiva" y hasta el momento no ha sido pagada.
En septiembre de 1997, durante la Presidencia de Carlos Menem (1989-1999) y a través de un proceso de concesión de los servicios por un período inicialmente estipulado en 30 años, se realizó la privatización de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, conocida como Correo Argentino, y quedó en manos de una de las empresas del padre de Mauricio Macri.
En 2001, en medio de una dura crisis económica, social y política, el Correo entró en concurso de acreedores. En 2003, con la llegada de Néstor Kirchner (2003-2007) al poder, y ante la millonaria deuda de la familia Macri con el Estado, se firmó un decreto que rescindía el contrato de concesión de servicios postales
Hasta 2016 no hubo acuerdo entre las partes para cobrar esa deuda, por las divergencias entre el kirchnerismo y la empresa, cuyos principales accionistas son los hermanos, sobrinos e hijos de Macri, luego de que Franco, su padre, se desligara hace años de la misma.
Ahora la Justicia decretó "la intervención plena con desplazamiento total del órgano de administración" de la empresa a raíz de una investigación que la Fiscalía inició en 2017, y resolvió que el nuevo administrador se decidirá por sorteo entre los miembros del registro de auxiliares.
La deuda se remonta a 2001 y asciende a 292 millones de pesos argentinos (292 millones de dólares en aquel momento, cuando regía la ley de la convertibilidad cambiaria, lejos de los casi 64 pesos a los que cotiza ahora cada divisa estadounidense).
