El presidente argentino, Mauricio Macri, acusó a la procuradora general del país, Alejandra Gils Carbó, reconocida militante kirchnerista, de ser el obstáculo que impide avanzar en la investigación de los sobornos por 35 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado en Argentina.
Durante la gestión de los Kirchner se celebraron los contratos con la compañía, que desde 2006 fueron denunciados por sobreprecios, al punto que una de las primeras tareas de Macri cuando asumió la Presidencia fue revisar los números de las obras relacionadas con gaseoductos.
"El compromiso de mi Gobierno es que se sepa en cada caso lo que pasó y se acabe con la impunidad, y en este caso lo que queremos saber es, dado que Odebrecht ya confesó haber pagado 35 millones de dólares, que se diga a quién se le pagó", dijo el mandatario.
En esa línea, cuestionó que "tenemos una procuradora que ha creado cortinas de humo para que se investigue al director de la AFI, que en ese momento era un ciudadano brasileño y no tenía ninguna relación con el Gobierno argentino, o a otras empresas", recordando que "lo que hablamos acá es que hay una empresa que confesó haber pagado y hoy todavía no sabemos a quién pagó".
"Somos, producto de la inacción de la procuradora, uno de los tres o cuatro países, que habiendo sido afectado por este modus operandi de Odebrecht, no firmamos un acuerdo de primer nivel como lo hicieron Perú, Colombia y otros países", sostuvo, resaltando que ese acuerdo permitió a la Justicia de esos países "ir personalmente (a Brasil), tomar declaración a Emilio Odebrecht y clarificar todos sus temas".
Odebrecht desplegó un sistema paralelo para el pago de sobornos y aportes a campañas electorales con dinero negro, extraído en el circuito ilegal, a través de valijeros, lobbistas y socios locales y cueveros, según confirmaron a la justicia brasileña algunos de sus máximos ejecutivos.
Flávio Bento de Faría, ex CEO de la compañía en Argentina, ordenó el pago de coimas para al menos cinco funcionarios o intermediarios trasandinos, con el fin de obtener las obras de gaseoductos como el Libertador General San Martín y la Refinería YPF.
Los intermediarios de las coimas solían justificar esos pedidos como supuestos aportes a las campañas, pero desde la constructora siempre sospecharon que esos dineros terminaron en el bolsillo de unos pocos funcionarios.
Contraataque del kirchnerismo
Aunque los sobornos fueron pagados durante los gobiernos kirchneristas, desde el entorno contraatacan aludiendo a una monumental ejecución que ganó el consorcio liderado por Odebrecht y la firma argentina Iecsa, que pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo hermano de Macri.
De todos modos, el actual presidente ha dicho públicamente que quiere los nombres de todos los funcionarios involucrados, sin importar quien caiga.