El presidente de Argentina solicitó revisar los contratos de 75 mil empleados del Estado.
Busca determinar la pertinencia y legalidad de los masivos nombramientos del kirchnerismo durante los últimos años.
Los gremios reaccionaron acusando una "caza de fantasmas o militantes", además de anunciar movilizaciones para la próxima semana.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ordenó iniciar la revisión de 75 mil contratos de funcionarios públicos en un intento por limpiar el aparato estatal de los denominados "ñoquis": expresión surgida del lunfardo que denomina a quienes cobran remuneraciones sin haber realmente trabajado.
Según informa este miércoles el diario trasandino La Nación, Macri busca determinar la legalidad de los masivos nombramientos de empleados públicos realizados por el kirchnerismo durante los últimos años.
Así, "evaluará 64.000 contratos temporarios más unos 11.000 concursos públicos" que representan "un total de 75.000 designaciones".
De acuerdo a lo señalado por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, el primer paso de esta política de revisión del empleo público se ejecutará sobre 24 mil empleados públicos que tenían contrato hasta el 31 de diciembre: el Gobierno decidió extenderles la relación laboral por tres meses para evaluar su desempeño.
A otros 40.000 empleados transitorios con una antigüedad superior a tres años se les extendió el contrato por 12 meses, período en el que también se analizarán las tareas que cumplen en el Estado.
"Nos llama la atención que la cantidad de contratos creció mucho, por eso vamos a revisarlos. No vamos a poner ningún tema ideológico de por medio", dijo Ibarra.
"Tenemos que clarificar si efectivamente están trabajando, qué tareas están haciendo, dónde están sus puestos de trabajo. No podemos hacer un Estado moderno y fuerte si primero no tomamos las medidas de ordenamiento necesarias", agregó el ministro, que prometió realizar "un trabajo serio y profesional en los próximos meses".
"Si consideramos que no corresponde, esas personas no seguirán trabajando en el Estado", señaló.
Desde el Ministerio de Modernización aseguraron que el análisis sobre los primeros 24 mil empleados públicos se realizará "caso por caso" y será ejecutado por las oficinas de recursos humanos de las distintas dependencias.
"Caza de fantasmas"
Desde el mundo gremial la reacción no se hizo esperar y la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) ya anunció un paro nacional con movilización para el martes próximo.
"Nos oponemos a que la principal preocupación sea la caza de fantasmas o militantes, porque no importa cuánta sea la cantidad ni su militancia, lo que importa es si los trabajadores realizamos la tarea como corresponde", dijo Hugo Godoy, secretario general de la ATE, quien considería que el desafío es, más bien, "cómo terminamos con la precariedad laboral en el Estado".
"No hay ñoquis en el Estado", afirmó, en tanto, Andrés Rodríguez, líder de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), en una entrevista radial.
"Está bien evaluar el desempeño de los trabajadores, pero no queremos que se utilice a los trabajadores como variable de ajuste", advirtió el dirigente.
"Favores políticos"
En medio de este panorama, medios de prensa del país vecino dan cuenta de informes de consultoras que estiman que entre el 5 y el 7 por ciento de los trabajadores del Estado puede calificarse como "ñoqui", empleados "fantasmas" que cobran un promedio de 8.000 pesos mensuales (equivalentes a 430 mil pesos chilenos).
"Es un modo de obtener dinero público para hacer política. Por ejemplo, si se necesitan cinco millones de pesos por mes, se contrata a 500 personas con un sueldo de 10 mil pesos por mes. Esas personas quizás ni se enteran", dijo a La Nación Diego Bleger, socio a cargo de Forensic Services de KPMG.
Raúl Saccani, de Forensic & Dispute Services de Deloitte, apuntó a que existen diferentes categorías de "ñoquis": los que se incorporan al Estado por pago de favores políticos, los militantes (que figuran en un determinado puesto pero se dedican sólo a la militancia), los que contratan a parientes, los fallecidos cuyo sueldo sigue siendo cobrado por otra persona y hasta "ñoquis" por error; que ya no trabajan para el Estado o se jubilaron hace tiempo y nunca fueron dados de baja.
"En algunos casos, los empleados cambian de repartición pero cobran sueldo de ambas, la anterior y la actual", ejemplificó Saccani.
