Para parlamentarios de oposición esta medida es un retroceso en la democracia trasandina.
Desde el oficialismo se defienden argumentando que los cambios responden a cuestiones administrativas.
El nuevo decreto da una mayor autonomía a las Fuerzas Armadas, al modificar facultades delegadas al Ministerio de Defensa.
Un decreto del presidente Mauricio Macri que da mayor autonomía a las Fuerzas Armadas ha causado controversia en Argentina entre quienes consideran que se trata de "un retroceso" y los que creen que es solo una medida administrativa.
"No veo que exista un retroceso en las políticas sobre las Fuerzas Armadas", dijo hoy el diputado oficialista Ricardo Alfonsín, agregando que, "Los cambios en la conducción de las Fuerzas Armadas son modificaciones operativas, administrativas".
Hijo del ex presidente Raúl Alfonsín, consideró que "han cambiado las cosas en Argentina" desde el retorno a la democracia que representó el Gobierno de su padre, precedido por una dictadura cívico militar que duró siete años.
En 1984, Raúl Alfonsín emitió un decreto con límites a las facultades de las Fuerzas Armadas, una medida modificada esta semana por un decreto de Macri.
Sin embargo, desde la oposición y desde los organismos de derechos humanos no comparten la misma visión sobre el reciente decreto del mandatario argentino.
"Es un retroceso importante", dijo hoy el diputado y exministro de Defensa argentino Agustín Rossi.
"Este decreto es un golpe terrible para la democracia y la lucha de tantos años. Dejar las manos libres a los militares es una provocación y una agresión al pueblo", consideró Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo.
El nuevo decreto da una mayor autonomía a las Fuerzas Armadas, al modificar facultades delegadas al Ministerio de Defensa y transfiriéndolas a los jefes de los Estados Mayores de los cuerpos.
Los cambios incluyen limitaciones a las designaciones del personal militar que puede realizar el ministro de Defensa, transferencias en materia de educación y capacitación y la delegación de la autorización para iniciar acciones judiciales contra el Estado en los jefes de las fuerzas.
