La defensa de las familias argumenta que "cuando un juez cita a un ciudadano, se debe cumplir y si no cumple debe ser detenido".
Macri advirtió en su cuenta de Twitter que no se presentaría hasta que se garantice "el debido proceso y la defensa en juicio".
La querella de familiares víctimas del submarino ARA San Juan de la Armada pidió este miércoles la detención del expresidente argentino, Mauricio Macri (2015-2019), por no presentarse a declarar por el presunto espionaje ilegal realizado a las familias de los 44 tripulantes de la nave que desapareció en noviembre de 2017, que fue hallada hundida un año después.
En el escrito, la querella que representa "a un gran número de familiares y a cinco de las siete mujeres sobre las que se realizó inteligencia ilegal" afirma que "cuando un juez cita a un ciudadano, se debe cumplir y si no cumple debe ser detenido, eso es lo que piden, que la ley sea pareja para todos incluso para el expresidente Macri".
El pasado 1 de octubre, el juez Martín Bava resolvió citar a Macri para que declarase -primero el 7 de octubre y luego el día 20- y le prohibió salir del país, aunque en ese momento el expresidente estaba fuera de Argentina.
Macri adelantó en su cuenta de Twitter el pasado martes que no se presentaría ante la Justicia "hasta que los planteos" que haga su abogado sean resueltos para garantizarle "el debido proceso y la defensa en juicio".
Por eso no me presentaré mañana hasta que los planteos que hará mi abogado sean resueltos para garantizarme el debido proceso y la defensa en juicio.
— Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 19, 2021
Según Macri, el juez Bava es "manifiestamente incompetente" y "funcional a los intereses oficialistas", a quien acusó de vulnerar sus garantías y lo involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tiene "nada que ver". Se trata "de una imputación arbitraria" donde se busca perseguirlo, afirmó el exmandatario.
La abogada Valeria Carreras indicó que, como parte querellante, ha sido "testigo de la incertidumbre" respecto de si Macri se presentaría a la indagatoria y como abogada ha padecido "la falta de respeto" al enterarse por redes sociales de la incomparecencia del expresidente ante el juez.
Para la querella, Macri "fue notificado, fue beneficiado con la primera prórroga y nueva fecha, utilizó los plazos al límite para estirar el trámite de la causa, que a pesar de las declaraciones públicas propias como las de su defensor, no realizó ninguna presentación espontánea para dar señales de su voluntad de ponerse a derecho, de su voluntad de cumplir con sus obligaciones".
La querella también resaltó "el destrato y maltrato" que recibió el juez Bava y entiende que "toda cuestión de competencia fue dirimida y resuelta" y que la recusación del magistrado adelantada por Macri "tampoco puede ser tomada como una justificación de incomparecencia a la indagatoria".
Finalmente concluyó que "deberá tenerse por no presentado a la indagatoria y deberá hacerse efectiva la orden de detención" en forma inmediata, de lo contrario "quedará impune por siempre".
Según la citación a declarar, a Macri se le imputa haber ordenado y posibilitado presuntamente la realización "sistemática" de tareas ilegales de inteligencia entre diciembre de 2017 y finales de 2018 desde su cargo de presidente.
El presunto espionaje apuntaba, según la investigación judicial, a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
Esas acciones, según la resolución judicial de citación a indagatoria, "buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos" que realizaban los familiares por el hundimiento del submarino, pero también apuntaban a "conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno".
En septiembre de 2020, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), denunció que el Gobierno de Macri hizo espionaje ilegal sobre familiares de los tripulantes del submarino.
Además de Macri, la denuncia alcanza a quien fue su jefe de inteligencia, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani, ambos ya procesados en esta causa.
El ARA San Juan, que pertenecía a la Armada y desapareció en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo, fue hallado un año y dos días después de perderse su rastro mediante un operativo de la empresa estadounidense Ocean Infinity, aunque sus restos desmembrados en varias partes, y los cadáveres de sus tripulantes, nunca fueron reflotados.
Casi tres años después del hallazgo del submarino prosigue la investigación judicial para conocer qué le ocurrió, así como detectar si hubo irregularidades en su desaparición y búsqueda.
En 2019, una comisión investigadora del Parlamento argentino determinó que hubo "responsabilidades compartidas" en la cadena de mando de la Armada, y en marzo pasado un Consejo de Guerra de la Armada sancionó a varios oficiales.
