El presidente electo afirmó que comenzará su gobierno recortando proyectos estatales.
Al respecto de las construcciones en curso, apuntó que las licitará.
El presidente electo de Argentina, Javier Milei, insistió que buscara que el sistema de obras públicas argentino pase a un sistema de iniciativa privada "a la chilena".
En conversación con el periodista Alejando Fantino en Youtube, el libertario se refirió a la construcción de obras que lleva adelante el gobierno argentino y apuntó que "nosotros no tenemos plata. Con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y las termina el sector privado"
Así, explicó que "empezamos recortando la obra pública y llevándola a cero, y las que están en curso las licitamos". En esa misma línea, puntualizó que los contratos se respetarán, pero planteó que se le entregarían al privado para ser completadas.
En respuesta, el periodista le preguntó cómo lo harían los intendentes (alcaldes) con las obras en los distintos municipios de Argentina y Milei respondió: "Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Entonces, buscará la forma el que hace el proyecto".
En esa línea, insistió en que "no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiperinflación con el 95% de pobres".
MODELO "CHILENO"
En Argentina existen alrededor de 3.500 obras en ejecución en todo el país, consignó el medio La Nación. Pues, el sector privado señaló a dicho medio que en el mundo desarrollado la inversión privada "pura" ronda entre un 7% y un 8%, lo que es una cifra baja.
En ese sentido, La Nacion consultó a Marcelo Capello, economista de la Fundación Mediterránea-IERAL, quien señaló que la iniciativa "ayudaría a bajar el déficit público al reducir estas partidas, pero difícilmente se puede llevar a cero. Primero, porque hay obras en ejecución que deberían paralizarse y, además, porque hay obras muy necesarias".
El economista enfatizó que obras como los gasoductos, emergen como claves para poder ganar más exportando gas que importándolo. "No hacerlas genera más cosas por otra día, además de afectar el sector privado y al empleo de esas empresas", señaló.
Por otro lado, La Tercera consultó a Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura y exministro de Obras Públicas del gobierno de Ricardo Lagos, que apuntó que "me parece un poco aventurado hablar de un modelo 'chileno'".
"Hemos hecho un esfuerzo muy importante por aumentar nuestra dotación de infraestructura para darle soporte a nuestro proceso de desarrollo, y para ese esfuerzo se ha invitado al sector privado a ser parte, yo diría con mucho éxito. Sin embargo, hemos sido muy cuidadosos en señalar que la infraestructura de uso público es de interés del Estado y esa responsabilidad no es transferible", señaló a dicho medio.
Al respecto de cómo se reparten los servicios de construcciones entre privados y el Estado chileno, el experto dijo que "la decisión de incorporar a privados en infraestructura pública se da cuando esa forma de proceder es más eficiente para el Estado que hacerlo a través de financiamiento directo".
"Por ejemplo, hay un problema de riesgos que en algunas ocasiones el privado tiene mayor capacidad de diversificar; hay opciones de financiamiento, hay un problema de oportunidad en la que se justifica hacer infraestructura pública a través de inversionistas privados. El tipo de proyectos al que se invite al sector privado no es relevante; es el tipo de contratos que se diseñe el que puede incentivar o no la participación privada, teniendo en consideración los aspectos ya señalados", especificó.
Por su parte, La Nación también consultó al exministro de Obras Públicas durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Hernán de Solminihac, quien afirmó que "el Estado no se retiró de la obra pública. Los privados tienen una participación muy importe a través de concesiones, un esquema ya lleva 30 años y eso permite liberar recursos públicas para otras iniciativas, por ejemplo, caminos en zonas alejadas, rurales".
Dado lo anterior, complementó que el sistema utilizado en el país se decide en función de una "evaluación de la rentabilidad sociales; eso permite focalizar la inversión. Además, participan las regiones para definir prioridades".
