La Corte Suprema de Argentina asumió este lunes la presidencia del Consejo de la Magistratura, el órgano que administra los recursos del Poder Judicial y se encarga de nombrar, sancionar y remover jueces, profundizando la disputa política con el Poder Ejecutivo, en especial con el sector que responde a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
El presidente del Supremo argentino, Horacio Rosatti, preside ahora el Consejo de la Magistratura, a partir de una decisión dictada este lunes por el Supremo que responde a un fallo del máximo tribunal, que a fines de 2021 había declarado inconstitucional la integración y el funcionamiento de ese órgano.
La decisión del Supremo fue adoptada pese a los esfuerzos del Ejecutivo de no legitimar la nueva integración del Consejo de la Magistratura.
Fernández de Kirchner criticó abiertamente el domingo último este movimiento en sus redes sociales al alertar sobre "la casta de la que nadie habla", en referencia a Rosatti, y retuitear el mensaje de un periodista que decía que ese juez va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura "gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás".
En tanto, el ministro de Justicia, Martín Soria, cercano a Fernández de Kirchner, dijo este lunes a Radio 10 que se está ante un "golpe institucional" por parte del Supremo, que "persigue objetivos políticos que claramente son enmarcados en la oposición al Gobierno nacional".
Los dirigentes opositores estiman que la nueva integración del Consejo de la Magistratura impedirá al Ejecutivo remover determinados jueces o frustrar la designación de sus candidatos, en un contexto en que Fernández de Kirchner, que fue presidenta entre 2007 y 2015, enfrenta varias causas judiciales por corrupción.
FALLO
El cuerpo del Consejo de la Magistratura, creado con la reforma constitucional de 1994, tenía inicialmente 20 miembros, pero por una reforma impulsada en 2006 por la entonces senadora y actual vicepresidenta del país, pasó a tener 13 integrantes.
Esa reforma fue objetada ante la Justicia, presuntamente por romper con la representación equilibrada que manda la Constitución. Un reclamo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires avanzó hasta llegar a manos del Supremo.
El Supremo declaró la inconstitucionalidad el 16 de diciembre pasado y exhortó al Congreso para que en un plazo razonable sancione una ley que organice el Consejo de la Magistratura o que en 120 días -vencidos el 15 de abril pasado- se regrese a la integración de 20 miembros, presidido por el titular de la Corte Suprema, o de lo contrario sus actos serían nulos.
Durante estos meses, el Gobierno no logró aprobar en el Congreso una ley para reformar el Consejo de la Magistratura según su deseo.
